España, proporcionalmente el país europeo con menos gasolineras

El Gobierno quiere que haya más gasolineras para que bajen lo precios de los combustibles. Para lograrlo, ha elaborado un informe que sitúa a España por encima de sus vecinos europeos en cuanto a número de coches por gasolinera.
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España, proporcionalmente el país europeo con menos gasolineras

Con sólo 6.030 estaciones de servicio, España dispone de una para cada 2.120 coches. En Italia, por ejemplo, con 30.000 estaciones, hay una por cada 870 automóviles. En Francia, con 20.000, la relación se establece en 1/1.200.
Si se observan las ciudades, la proporción es desalentadora. En Madrid y Barcelona, con 12.000 y 10.000 vehículos por estación respectivamente, el índice de comparación se dispara en contra del mercado español.
Convencido de que esto tiene que cambiar para que crezca la competencia y bajen los precios, el Gobierno está dispuesto a abrir más estaciones de servicio. Las petroleras no parecen por la labor, puesto que consideran ruinoso el negocio tal y como está el mercado internacional del crudo, con lo que Rodrigo Rato, ministro de Economía, ha pensado en los centros comerciales y los hipermercados. En estas instalaciones, el Gobierno quiere fomentar la apertura de puntos de abastecimiento.
Los miembros del sector no parecen muy satisfechos con esa decisión. Los hipermercados tienen fama entre los profesionales de vender gasolina por debajo del precio al que la compran, algo que es ilegal. Hacen esto para atraer al público a su verdadero negocio: las tiendas y los supermercados.
Al hilo de esta intención del Gobierno, hoy se ha sabido que la fiscalía anticorrupción de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia contra ex altos cargos del Ministerio de Obras Públicas de la etapa socialista. Un empresario barcelonés, Aurelio Sánchez, acusa a varios responsables de aquel ministerio, entre los que estaría el ex ministro Julián Campo, de tráfico de influencias en las concesiones de gasolineras para Repsol.
Según Sánchez, estos cargos públicos cobraban dinero por autorizar la construcción de nuevas estaciones. Concretamente, se ha denunciado el proceso de adjudicación de dos, una en Madrid y otra en Barcelona.

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