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Dvuelta, organismo defensor de los conductores, se ha encargado de recurrir la Orden Ministerial publicada en el BOE y en la que se especifica la regulación del pago de las tasas judiciales. Tras la modificación de la Ley, las personas físicas ya no están obligadas a pagar, pero la personas jurídicas sí, sin tener en cuenta su tamaño y/o facturación. Esto afecta directamente a una multitud de pequeñas empresas, que ven privado su derecho a acudir a los tribunales.
Lo que se pide en Dvuelta es que la Audiencia Nacional obligue a la retirada de estas tasas, al igual que lo hizo con las personas físicas, al considerar que no es constitucional que una factura condicione la posibilidad de acceder a la jurisdicción y de obtener la tutela judicial.
