Estos datos se han hecho públicos durante la presentación de los resultados de la campaña de inspección que se llevó a cabo el pasado mes de octubre. En esta operación se llevó a cabo 6.548 inspecciones, se detuvo a 259 personas y se imputó a 260.
El 61,7 por ciento de las irregularidades detectadas fueron por incumplimiento de la normativa ambiental, el 28 por ciento, por carecer de licencias para ejercer la actividad o incumplir la normativa de industria. El resto estuvieron relacionadas con la economía sumergida.
Desde 2.008, la existencia de talleres ilegales ha supuesto para aquéllos que funcionan respetando la ley unas pérdidas de más de 3.500 millones de euros, según han señalado el vicepresidente ejecutivo de ANFAC, Mario Armero, y el presidente de GANVAM, Juan Antonio Sánchez durante el mencionado acto. Desde entonces, han añadido, estas prácticas ilícitas han defraudado 230 millones de euros anuales a Hacienda y 112,5 a la Seguridad Social.
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