El Gobierno español no ha justificado ni anunciado un cambio a sus presuntas restricciones a la importación de vehículos pesados, como respuesta a las acusaciones de la Comisión Europea de impedir que el primer vehículo de un empresario de transporte de mercancías sea un camión de menos de cinco meses.
La Comisión Europea anunció el pasado junio que demandará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las restricciones y obstáculos injustificados que aplica a la importación de vehículos pesados, lo que viola el principio de libre circulación de mercancías en el territorio europeo.
El Ejecutivo comunitario criticó que las autoridades españolas se nieguen a autorizar el uso del primer vehículo de la flota de un transportista por carretera si tiene más de cinco meses de antigüedad, ya sea de adquisición en el extranjero o adquirido en territorio nacional.
El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de un obstáculo "desproporcionado" y no se justifica con argumentos como la protección medioambiental o motivos de seguridad vial. La situación se ha agravado recientemente, ya que el Gobierno ha desbloqeado la actualización de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre para que seA tramitada a la mayor brevedad, pero no se ha propuesto el cambio de este requisito.
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