El número de radares no para de crecer, al igual que los fallecidos por accidente de tráfico en las carreteras españolas. Se supone que los primeros se colocan para controlar la velocidad de los vehículos, que es uno de los factores que más influye en la probabilidad de tener un accidente y de que las consecuencias de este sean peores. Pues bien, a tenor de la nula relación entre A y B, parece que los cinemómetros de la DGT están para otra cosa: recaudar.
En 2011, la Dirección General de Tráfico declaraba 331 radares fijos en las carreteras; el pasado año la cifra ascendió a 403, un 22% más en seis años. Hay que tener en cuenta que en el cómputo facilitado por la DGT no se incluyen los cinemómetros localizados en Cataluña y el País Vasco, comunidades que tienen las competencias transferidas, los radares móviles y los dependientes de los distintos ayuntamientos –por poner un ejemplo, los de la madrileña M-30 pertenecen al consistorio de la capital-.
Desde 2011, la cifra de radares no ha parado de crecer a ritmo lento pero seguro: 332 en 2012, 346 en 2013, 361 en 2014, 364 en 2015 y 382 en 2016. De los actuales 403 medidores fijos, 299 están situados en carreteras nacionales y 104 en vías autonómicas. La DGT tiene publicada la ubicación de los radares en todas las carreteras: consúltala aquí.
El diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que reclamó estos datos al Gobierno en el Parlamento, considera que este incremento en el número de radares “responde a un afán recaudatorio. No están situados en puntos negros de tráfico, sino en lugares donde se pueden poner multas”.
Heredia reafirma en su tesis con los datos de recaudación de los radares fijos de la DGT facilitado por el Gobierno durante el pasado año y hasta el 21 de noviembre: 70,6 millones de euros. “Es decir, una media de 220.000 euros al día por multas de velocidad”, apunta el diputado.
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