España, al igual que el resto de la Unión Europea, tiene el compromiso de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Para lograr este objetivo, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) señala como una de las claves la descarbonización del sector eléctrico, lo que hace necesario, entre otras medidas, aumentar la generación de energía renovable, cuya potencia se verá duplicada a lo largo de la próxima década, según la previsión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Este escenario, unido a la profunda interrelación entre el despliegue a gran escala de energía eólica y fotovoltaica y la conservación del medio ambiente, trae consigo riesgos para la biodiversidad y el territorio. Entre ellos, pérdidas y alteraciones en los hábitats naturales, colisiones de aves y murciélagos con los álabes de los aerogeneradores u ocupación de grandes extensiones de suelo. Una mala planificación, una localización errónea y una falta de reglamentación sobre el despliegue de renovables pueden tener consecuencias negativas sobre el medio ambiente, además de generar rechazo por parte de la sociedad, asegura el organismo internacional.
Una mala planificación, una localización errónea y una falta de reglamentación sobre el despliegue de renovables pueden tener consecuencias negativas sobre el medio ambiente
De esta forma, el informe “Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio”, presentado IIDMA, identifica necesidades y hace recomendaciones para armonizar el desarrollo de las renovables en España y la preservación de la biodiversidad y el territorio.
“La identificación temprana de los riesgos es fundamental para evitar impactos significativos en nuestra biodiversidad. El instrumento más adecuado es la evaluación ambiental estratégica, que permite estudiar los efectos de planes, programas y políticas”.
Recomendaciones para superar el reto de conciliar renovables y biodiversidad
A pesar de que España ha sido un país pionero en el desarrollo de las energías renovables y la consideración de sus impactos ambientales se ha ido reflejando tanto en la legislación autonómica como en los planes en materia de energía, IIDMA considera que se puede avanzar en la identificación y prevención de esos riesgos, para lo que ha formulado las recomendaciones que recoge el informe.
Así, el instituto aconseja el establecimiento de criterios para considerar una instalación de energía eólica y fotovoltaica de gran escala, que deben estar descritos de forma clara en el ordenamiento jurídico.
Propone la creación de oficinas de ubicación o emplazamiento de energías renovables, con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de localización ambientalmente responsable de los nuevos proyectos de esta clase
También propone la creación de oficinas de ubicación o emplazamiento de energías renovables, con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de localización ambientalmente responsable de los nuevos proyectos de esta clase. Estas oficinas serían el canal para la fase de participación pública, garantizando una mayor implicación de los actores locales y permitiendo una elección final de la ubicación más compartida entre todos los actores.
Por otra parte, entiende esencial la elaboración y aprobación de normas, tanto a nivel estatal como autonómico, para prohibir la puesta en marcha de proyectos renovables de grandes dimensiones en zonas de máxima sensibilidad ambiental. Esto se complementaría dando impulso a los mismos en zonas de baja sensibilidad.
Asimismo, entiende importante la modificación de la orden ministerial que regula el mecanismo de subastas de renovables para incluir en ellas unos criterios de condicionalidad, con los que priorizar aquellos proyectos que se sitúen en zonas de baja sensibilidad ambiental o que, por su tamaño, tengan un menor impacto en el medio natural.
El IIDMA también sugiere el establecimiento de medidas para evitar casos de fraccionamiento ilegal de parques eólicos y plantas fotovoltaicas por parte de los promotores y el establecimiento de un mayor análisis crítico por parte de la Administración en aquellas fases de la evaluación de impacto ambiental que dependen de los promotores, como la elaboración de los estudios.
"En este informe mostramos que la conciliación entre cambio climático y biodiversidad es posible cuando se realiza una planificación adecuada, se utilizan herramientas como la zonificación y cartografía y se cuenta con marco jurídico-institucional apropiado”, ha explicado la directora del organismo, Ana Barreira.
"En este informe mostramos que la conciliación entre cambio climático y biodiversidad es posible cuando se realiza una planificación adecuada"
“En la actualidad, contamos con buenas herramientas, pero es necesario avanzar para cubrir algunas lagunas. Por ello, en este informe hacemos una serie de recomendaciones para evitar y/o mitigar esos impactos que van desde el fortalecimiento institucional a la mejora de algunos procedimientos", ha aclarado.
Por otra parte, Massimiliano Patierno, ingeniero ambiental de IIDMA y coautor del informe, ha declarado que "la urgencia de España por cumplir con sus objetivos renovables ha llevado a un proceso acelerado y desordenado para la implementación de proyectos de energía renovable que está desbordando a técnicos y administraciones”.
Para garantizar que el despliegue masivo de renovables no se lleve a cabo en detrimento de la biodiversidad y del patrimonio natural, Patierno señala que “se necesitan procesos de planificación que integren los factores de la biodiversidad y territorio en los procesos de toma de decisiones”. También considera que resulta de fundamental importancia “poder contar con herramientas cartográficas que permitan identificar las zonas de baja sensibilidad ambiental que, al mismo tiempo, cuenten con recursos renovables suficientes”.
