La estrategia iniciada por dos bufetes de abogados en Alemania, encaminada a aumentar la presión sobre el grupo Volkswagen por el escándalo del Dieselgate, podría traducirse en miles de demandas individuales en este país. Según el ex ministro de Interior Gerhard Baum, cuyo bufete es uno de los que ha desarrollado este estrategia, “VW no se ha mostrado accesible a buscar un compromiso y parece apostar por ganar tiempo para que los casos prescriban".
Para Baum es una contradicción que mientras en Estados Unidos los clientes de Volkswagen afectados por el escándalo del Dieselgate han recibido indemnizaciones cercanas a los 10.000 euros, los europeos corren el peligro de quedar con las manos vacías.
“En interés de nuestros clientes, no apostamos sólo a un compromiso sino que hemos empezado a presentar demandas ante tribunales alemanes”, ha declarado Julius Reiter, uno de los socios del bufete Baum, Reiter & Collegen, bufete que trabaja en colaboración con sus colegas de GanselRechtsantwälte y con la Fundación Volkswagen Car Claim, con sede en Holanda. Según Reiter, en Alemania no se contempla la posibilidad de demandas colectivas en casos relacionados con la protección al consumidor, razón por la que se ha optado por el camino de las demandas individuales.
Los dos bufetes han logrado la cooperación de empresas dedicadas a la financiación de procesos jurídicos a cambio de una participación económica en caso de éxito, que será del 29 por ciento con un tope de 2.900 euros.
En los casos de vehículos comprados a crédito se empezará por revisar las condiciones del préstamo. Los abogados consideran que en muchos casos los bancos que trabajan con los fabricantes de automóviles no dan todos los datos obligatorios en el contrato de crédito, con lo que éste puede declararse nulo. La nulidad del contrato de crédito lleva en esos casos también a la nulidad del de venta del vehículo con lo que el precio tiene que ser reintegrado.
Como alternativa, se considera que hay grandes posibilidades de lograr una reducción del precio de compra o una indemnización. Para ello, un argumento son las limitaciones de movilidad que tienen los compradores de vehículos que, al generar más emisiones de las contempladas, pueden verse afectados por la prohibición de circular en determinadas zonas.
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