Ya es oficial. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la autopista AP-1, que enlaza Burgos-Armiñón, pasará a ser gratuita a partir de este próximo día 30 de noviembre. Ese día vencía su contrato de concesión con el grupo Itínere (quien por cierto ya negocia un expediente de regulación de empleo que afecta a la totalidad de sus 111 trabajadores), pasando a ser pública como ya anticipó el Gobierno que sucedería con más autopistas de peaje.
La autopista AP-1 se convierte así en la primera vía de alta capacidad levantada en España en régimen de concesión que suprime su peaje y pasa a ser pública y gratuita. Sin embargo, no será la única. En diciembre de 2019 sucederá lo mismo con la autopista AP-7 en el tramo entre Tarragona, Valencia y Alicante; y con la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz. Ambas, pertenecientes ahora al Grupo Abertis, suprimirán también sus barreras.
Otras tres autopistas de peaje, como la AP-7 (en el tramo Zaragoza-Mediterráneo), la AP-2 (entre Tarragona-La Jonquera) y la AP-7 (entre Montmeló y el Papiol), culminan sus contratos en 2021. De seguir la actual política y el actual Gobierno, la promesa sería de eliminarlos.
Cómo se acometerá el mantenimiento
El ministro de Fomento ha ratificado por tanto en su comparecencia su disposición a no prorrogar los tres contratos de concesión de autopistas que vencen en la actual Legislatura, como ya prometió hace unos meses. De lo que todavía, eso sí, no ha informado su gabinete es de cómo se acometerá desde el vencimiento de estos contratos el mantenimiento de las autopistas, empezando ya directamente en casi 20 días por la autopista AP-1. Según Seopan, la patronal de grandes constructoras y concesionarias, sólo esta eliminación de peaje tendrá un coste al año para el Estado de 30 millones de euros al pasar a ser gratuita.
Ábalos sí ha explicado la necesidad de diseñar desde ahora una fórmula que garantice el coste que supone mantener la red de vías, especificando además “sea la que sea". Se trata, en su opinión, de buscar un nuevo modelo de financiación para la sostenibilidad de nuestras carreteras, a través del consenso con las principales agrupaciones políticas. De hecho, según hemos conocido, el grupo parlamentario socialista promueve ya en este sentido una subcomisión en el Congreso de los Diputados. “El nuevo sistema debe ser igualitario para todo el país, sin que incluya discriminaciones entre territorios" por cuestiones de tasas o peajes, “como pasa ahora con los 2.550 km de autopistas de peaje concentrados en determinados territorios", ha concluido el ministro de Fomento.
