¿Te puede mandar un radar a la cárcel?

Juicio histórico en Madrid: se sientan en el banquillo diez conductores “pillados" por un radar a más de 220 km/h. Si se demuestra que pusieron en peligro la vida de otros usuarios de la vía, irán a la cárcel.

Irlanda ya mide la velocidad en km/h
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El tema es espinoso, porque, para castigar por conducir con “manifiesta temeridad" (artículo 381 del Código Penal), hay que demostrar que se puso “en peligro la vida de otras personas". Y la prueba fundamental que se aporta es la foto de un radar. ¿Es suficiente?Estos diez casos tienen bastantes puntos comunes: se trata de conductores detectados a más de 220 km/h en un tramo de la M-50 de cuatro carriles (amplio y de reciente construcción). Además, los excesos de velocidad se registraron en agosto, cuando los radares de esta vía estaban de prueba y sólo se enviaba fotos (sin multa) a los que rebasaban los límites. La conducción temeraria se castiga con penas de cárcel de seis meses a dos años y con la prohibición de conducir de uno a seis años. Por eso, estos casos precisan de todas las pruebas posibles. La foto de un radar no justifica por sí sola que se pusiera en peligro a otros conductores, pero sí –según la fiscalía- prueba que se puso en peligro la vida del propio conductor y la de sus acompañantes. Además, el testimonio de la Guardia Civil puede ser clave en estos casos. No sólo porque los agentes atestigüen lo detectado por el radar, sino porque ellos mismos son usuarios de la vía en ese momento y, por tanto, “corrieron un peligro" (aseguran fuentes jurídicas). Por eso, aconsejan que, en estos casos, siempre se pare al conductor detectado por el radar.

“Conducción temeraria". Dos palabras que prometen protagonizar cientos y cientos de páginas. De hecho, con la reforma del Código Penal, se pretendía aclarar el concepto, pero –según las reacciones aparecidas- podemos asegurar que tan sólo ha creado más polémica.

Si quieres conocer todos los recovecos legales de este delito, no te pierdas este reportaje.
CiU quiere eliminar los límites máximos de velocidad que se imponen de forma genérica a los conductores con discapacidad. En la actualidad, estos automovilistas no pueden rebasar los 80 km/h. Según CiU, esta limitación obedece a criterios “no objetivos y proporcionados", ya que estas personas obtienen el permiso de conducir con las mismas pruebas que cualquier otro conductor e, incluso, más exhaustivas. Además, aseguran que los vehículos que llevan están equipados con las ayudas técnicas necesarias para garantizar su seguridad y la de otros usuarios de la vía. Por eso, han presentado una proposición no de ley en el Congreso. Creen que, con la entrada en vigor del carné por puntos, esta discriminación será aún más grave, ya que podrían perder más fácilmente sus licencias.

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