En enero de 1998 la opinión pública se enteró de que algunas gasolineras de Madrid robaban a sus clientes. Poco a poco se supo que había muchas estaciones de servicio implicadas en todo el país, casi todas pertenecientes al grupo empresarial de la familia Villanueva.
Según el fiscal, mecánicos afines al grupo manipulaban los contadores de los surtidores para que expendieran menos combustible del que se facturaba al cliente. Un sofisticado sistema de cables conectaba los contadores de las bombas a cajas de contabilidad "B" ocultas en el subsuelo de las gasolineras. Si un cliente pedía una comprobación oficial de la cantidad expendida por los surtidores, un empleado complicado en el fraude accionaba un control que restauraba el comportamiento normal del surtidor. Así, era imposible saber que habitualmente esas máquinas funcionaban mal.
Todo este escándalo se descubrió cuando dos empleados de una de estas gasolineras, descontentos con sus patrones, destaparon el montaje y lo denunciaron al diario "El País".
Los técnicos del Ministerio de Industria y de la Comunidad de Madrid sometieron a un concienzudo examen a todo el parque de surtidores. Además, incrementaron las medidas de seguridad para evitar que estos fraudes se repitieran.
Ahora, el fiscal quiere que los 39 implicados principales pasen varios años en la cárcel. Las investigaciones judiciales han cifrado el fraude total en 5.400 millones de pesetas entre 1988 y 1997. La mayoría de las gasolineras denunciadas pertenece al grupo Villanueva, y a esta familia pertenecen casi todos los inculpados.
Alguna gasolinera, como la del Cerro de la Cabaña, en la autovía de Valencia, defraudó hasta 1.279 millones de pesetas. La que menos, una situada en Torrejón de Ardoz, Madrid, se llevó ilegalmente 37 millones de pesetas.
Desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid se ha lamentado una vez más todo este asunto. Su presidente, Alejandro Moratilla, señala lo mucho que este escándalo perjudica a la imagen del sector.
Solicitadas penas de hasta 9 años para los acusados por el fraude de las gasolineras
El escándalo de los surtidores trucados ha entrado en una nueva fase judicial. El Ministerio Fiscal ha pedido penas de nueve años de cárcel para 18 de los 39 acusados y de 4 años para otros 21 implicados.
