Seis años después de que se conociera la primera noticia, el caso se da por cerrado para los fabricantes y abre una nueva vía judicial a los compradores perjudicados. Finalmente, una sentencia del Tribunal Supremo avala el camino emprendido por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) en 2015 en el que se estudiaba un posible cártel en el mercado del automóvil español.
Era el año 2015 cuando la noticia caía como una bomba. La CNMC imponía millonarias multas a los grandes fabricantes que trabajan en nuestro país tras acusarlos de formar un cártel para encarecer los precios de los vehículos entre los años 2006 y 2013. En total, 147 concesionarios del 91 por ciento de las marcas que operan en nuestro país estaban implicados.
Tras las reclamaciones de los fabricantes, la Audiencia Nacional terminó por desestimar en diciembre de 2019 hasta 18 recursos redactados por las marcas y dos consultoras. Sólo Mazda se libró de una multa de 650.000 euros al quedar acreditado que no formó parte del acuerdo. El Grupo Volkswagen, con Seat a la cabeza, recibirá una multa menos dura por colaborar con la CNMC durante todo el proceso.
Indemnizaciones para los consumidores
La gran noticia para los consumidores es que, finalmente, el Tribunal Supremo ha sentenciado contra los fabricantes, confirmando que durante siete años pactaron precios, encareciendo los mismos para los consumidores y disminuyendo la competencia.
Se calcula que el gasto extra para los consumidores fue de entre 2.000 y 9.000 euros por vehículo, en torno al 10 por ciento de los mismos. Esta cantidad la pueden reclamar todos aquellos que compraron un vehículo entre 2006 y 2013 y, de hecho, además de la sentencia del Tribunal Supremo también tienen a su favor la dictada por un Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, que ha obligado a un concesionario de Audi y Volkswagen a pagar a un cliente 2.000 euros de indemnización y las costas del juicio, al quedar demostrado que formaron parte del cártel durante la compra de un vehículo por el que pagó 25.000 euros.
Para que las demandas de los compradores salgan adelante, será necesario que los mismos puedan acreditar correctamente toda la información de compra, como la factura de la misma, la ficha técnica del vehículo o las reparaciones que hayan tenido que realizar durante este tiempo para valorar el perjuicio cometido contra ellos. Desde el diario digital La Información señalan que si el 10 por ciento de los 10 millones de clientes afectados por este cártel reclamaran su indemnización, el coste total para los fabricantes podría llegar a ascender a unos 2.000 millones de euros.
