Madrid vuelve a estar en el foco de la comunidad automovilística en los últimos días. Y esta vez no viene precedida de la nueva Ordenanza de Movilidad con la que se limitan muchas calles a 30 km/h o se permite a bicicletas saltarse un semáforo en rojo en determinados giros a la derecha; tampoco por la aprobación del nuevo plan Madrid Central que prohibirá la entrada de vehículos no residentes a un gran radio de la capital. No, esta vez la polémica llega por la instalación de semáforos en la autovía A-5 de entrada a Madrid, y que teóricamente comenzarán a funcionar entre diciembre y enero.
Para situar la polémica, hay que entender primero que la A-5 es una de las principales vías de acceso a Madrid, ya que conecta grandes ciudades como Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés o Arroyomolinos a la capital y a la circunvalación M-30. Pero, ¿por qué se han instalado en una vía de tan alta capacidad y volumen de tráfico?
Objetivo: reducir la velocidad y la contaminación
El proyecto del Ayuntamiento que preside Manuela Carmena tiene como objetivo reducir la velocidad y rebajar la contaminación en una A-5 que enlaza con el Paseo de Extremadura y con muchas viviendas muy próximas a la autovía. El concejal de Urbanismo de Madrid, José Manuel Calvo, defiende que “nos estamos jugando la salud, un modelo donde la movilidad sea un derecho sin que sea una obligación utilizar una mascarilla".
Sin embargo, ni las asociaciones de automovilistas, ni la mayoría de partidos políticos y ayuntamientos próximos, están de acuerdo. Pedro Javaloyes, director de Comunicación de la asociación de conductores Dvuelta, asegura que “poner semáforos en la A5 forma parte del plan del Ayuntamiento de Carmena para convertir la gestión de la movilidad en un arrebato ideológico, que consiste en castigar a los usuarios de vehículos privados. Disuadir del uso del coche fomentando atascos kilométricos podría calificarse de broma pesada si no fuera por las horas de trabajo que se perderán, el combustible que se malgastará y, por supuesto, por el incremento brutal en las emisiones que producirán los embotellamientos".
La mayoría de partidos políticos, en contra
Más sorprendente todavía ha sido la reacción de los ayuntamientos de Móstoles, Navalcarnero, Alcorcón y Arroyomolinos, que desde partidos políticos ideológicamente totalmente contrarios, se han unido en sus peticiones y sentado ya con la Concejalía de Urbanismo para pedir su rectificación. Y todos para criticar además la falta de consenso y diálogo. El regidor de Alcorcón, David Pérez (Partido Popular) califica también el proyecto de “capricho ideológico, con medidas que van a tener un efecto negativo en todos los municipios. Se está creando una frontera y poniendo barreras entre Madrid y el resto".
Por su parte, Natalia Posse, alcaldesa de Móstoles (Partido Socialista) ha defendido en la Cadena Ser “decisiones conjuntas, sin imponer para intentar llegar a un acuerdo para que nadie se sienta perjudicado". Al mismo tiempo, aboga por “crear aparcamientos disuasorios y mejorar la frecuencia del transporte público". El propio Ayuntamiento de Móstoles ha acordado con la unanimidad de todos los grupos instar a la Comunidad de Madrid a abordar un plan de movilidad para la A-5, pidiendo que “no se convierta en una carretera de poblado, con aceras, árboles, pasos de cebra, semáforos, carril bici y un radar". Mientras que el alcalde de Arroyomolinos, Andrés Martínez (Ciudadanos) reitera también la importancia del consenso y exige al Ayuntamiento de Madrid que muestre todos los estudios sectoriales y los informes que se han recabado para llevar a cabo el proyecto.
Según las estimaciones por la autovía A-5 circulan cada día 125.000 vehículos, que además de los semáforos verán también funcionar en las próximas semanas un nuevo radar de tramo en esa misma entrada a Madrid y la limitación de la velocidad a 50 km/h. La polémica, sin duda, está servida.
