Nadie en el sector catalán del taxi está de acuerdo con la ley del Taxi que ha redactado el Gobierno de Cataluña. El último colectivo que defendía la propuesta se ha apartado de ella y el frente de oposición ya agrupa al sindicato de autónomos, UGT y CC.OO., los empresarios de AET y el Instituto Metropolitano del Taxi. Sólo CIU y Esquerra Republicana de Catalunya defienden un texto del que se han desmarcado los partidos popular y socialista.
El bloque opositor ha elaborado su propia propuesta, explicada por la Mesa Técnica. Piden que los conductores autónomos sólo puedan poseer una licencia, y no tres, como autoriza el borrador. Además, aceptan que las empresas no puedan acumular más de 50 licencias, ni menos de cinco, pero, en compensación, se fijaría un porcentaje máximo de taxis por empresa en cada municipio, de forma que una sola compañía no se quede con todos los servicios.
El borrador de la norma prevé que haya 2,5 licencias por cada mil habitantes. Esta relación está por debajo de la existente en el área metropolitana de Barcelona (3,7 licencias/1.000 habitantes), pero supera a la del resto de las comarcas, donde habría que duplicar el número de licencias. Esto podría dar lugar a la aparición de grandes empresas de taxis, un problema insalvable para la mayoría de los profesionales, que son autónomos. Por ello, el presidente del STAC, Miguel Tomás, ha reclamado una ley para Barcelona y su entorno y otra para el resto de Cataluña.
Por otra parte, el anteproyecto actual incluye novedades que afectan al usuario, como el derecho a la elección de taxi en las paradas, coches de hasta nueve plazas e, incluso, la posibilidad de pactar el precio del viaje con el conductor.
Sin embargo, son las medidas de fondo las que más preocupan a los taxistas. Éstos, siendo autónomos, podrán contratar hasta a tres empleados. Las empresas que ya existen u otras que se incorporen al sector podrán tener entre 5 y 50 empleados, mientras que los profesionales contratados podrán desempeñar sus funciones a tiempo parcial, lo que ha generado las críticas del STAC y el IMET, ya que ambos opinan que el servicio empeorará.
Según el Instituto Metropolitano del Taxi, esta norma "es una puerta a la entrada de monopolios" y un "cambio en el modelo del taxi, basado hasta ahora en el profesional autónomo".
