Si te han puesto una multa en la M-30 de Madrid puede que no tengas que pagarla nunca. Dvuelta, la entidad dedicada a la defensa de los automovilistas, asegura haber ganado ya al menos 231 sentencias solo en los dos últimos años contra el Ayuntamiento de la capital por multas ilegales impuestas por los radares de velocidad de la vía de circunvalación. De los cientos de sanciones ya anuladas por la Justicia algunas llegaban a los 400 euros y a la retirada, incluso, de hasta 4 puntos del carnet de conducir. Pero, ¿por qué se consideran ilegales?
Tal y como denuncia Dvuelta, el problema de los radares de la M-30 radica en su deficiente señalización, ya que, “pese al continuado y severo reproche judicial, el consistorio no ha modificado la manera en que intenta acreditar la existencia del límite de velocidad”. Porque en ninguno de los juicios el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha logrado acreditar en sede judicial la existencia de limitación específica de 70 km/h que habilitase la legalidad de las sanciones, teniendo en cuenta que es un límite específico de la vía y no genérico.
El Ayuntamiento de Madrid no aporta pruebas, solo planos de mala calidad fechados en 2017
Los tribunales, en los que prevalece la presunción siempre de inocencia, han declarado así nulos los al menos 231 expedientes reclamados por Dvuelta ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, al no poder nunca el Ayuntamiento acreditar la existencia de este límite y, tal y como indica la entidad, y “más grave aún, por no aportar las pruebas que son exigidas en cualquier procedimiento judicial”.
Según Dvuelta, “el Ayuntamiento, en todas y cada una de las ocasiones en que le fue requerida la acreditación de dicho límite de velocidad específico, se limitó a aportar al Tribunal unas fotocopias de unos planos de la M-30, una prueba absolutamente insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del recurrente, según los jueces”. Incluso en una sentencia el Tribunal reprocha, textualmente al Consistorio, el envío de “un plano de señalización en el lugar de la infracción al que no puede otorgarse ninguna virtualidad, no solo por su mala calidad de imagen sino porque está fechado en diciembre de 2017, esto es, en fechas muy anteriores a la de la infracción sancionada y que remite a una tarea de interpretación de símbolos y señales”.
Las sentencias confirman que, según lo establecido por ley, es la administración que sanciona la que debe demostrar la comisión de la infracción, en este caso con la medición realizada por los radares fijos de la M-30, pero que, al tratarse de una limitación específica y no genérica obligan “a advertir al conductor de tal limitación de manera que pueda adecuar la velocidad a esa circunstancia circulatoria”. Y en ninguno de los al menos 231 juicios perdidos contra Dvuelta el Ayuntamiento ha sido capaz de acreditar esta señalización previa.
Madrid recauda en multas el triple que Barcelona
Dvuelta denuncia que, como consecuencia de esta dejadez de funciones, se genera “un perjuicio añadido al conductor a quien se sanciona y se llega a embargar sin prueba de cargo, pero también inflige un daño evidente al conjunto de los madrileños, pues el Ayuntamiento debe devolver los importes de esas multas ilegales, además de las costas judiciales que se les haya impuesto por el Juez”.
La denuncia de la entidad de ayuda a los automovilistas asegura por último que “nunca antes una sola Administración había acumulado tantas sentencias en contra por el mismo motivo” y aprovecha para recordar que Madrid es la capital de provincia española que más recauda por multas de toda España, con más de 200 millones de euros al año que suponen el triple de lo contabilizado por Barcelona y que acumula hasta el 55% del total recaudado por las 10 ciudades que más sancionan de todo el país.
