Quien avisa no es traidor y el Ayuntamiento de Madrid puede acabar pagando una factura muy cara por la implantación de sus Zonas de Bajas Emisiones. Tan cara, como que le cueste a las arcas municipales más de 330 millones de euros que podrían ser devueltos a conductores sancionados durante todo este tiempo. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) pidió hace meses una moratoria al Consistorio en la aplicación de denuncias y ahora reclamará la devolución de todas las impuestas hasta ahora, consideradas infracciones graves según la nueva Ley de Tráfico.
Así lo ha confirmado ya la asociación de ayuda al automovilista, pidiendo desde ayer “la inmediata paralización de la tramitación de multas y la devolución de todo lo cobrado”. Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (el TSJM) aún no es firme, y puede ser recurrida por el Ayuntamiento de la capital ante el Tribunal Supremo, AEA considera que no prosperará debido a los precedentes y doctrinas ya impartidas desde el Tribunal de Justicia de la UE y el propio Tribunal Supremo español.
Más de 1,76 millones de multas tendrían que ser ahora devueltas
Según AEA, el Ayuntamiento de Madrid ha formulado en todo este tiempo un total de más de 1,76 millones de multas ya cobradas por los accesos y circulación en sus Zonas de Bajas Emisiones que ahora han sido anuladas por la Justicia, por lo que confía en que, de carácter urgente, pueda paralizarse ya toda la tramitación de las que actualmente están en proceso y proceder a devolverse las ya ejecutadas.
Esta actuación llega ahora precedida por la solicitud que AEA ya realizó el pasado mes de agosto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la que exigía una moratoria de dos años en la aplicación de las restricciones de circulación impuesta a los vehículos sin etiqueta, en base a los mismos argumentos que ahora ha empleado el TJSM en su sentencia de anulación de las Zonas de Bajas Emisiones.
Efectos discriminatorios de las ZBE sobre los colectivos más vulnerables y los vehículos profesionales
Y es que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de la Comunidad de Madrid tumbó ayer el proyecto de ZBE de la capital considerando, entre otros razonamientos jurídicos, que se daba una “patente insuficiencia del informe de impacto económico” de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal. La sentencia terminaba anulando las partes por las que se definen los ámbitos de las Zonas de Bajas Emisiones, así como las ZBEDPE de Distrito Centro y Plaza Elíptica.
El TJSM asegura que no se han tomado en consideración las consecuencias económicas que implican las ZBE para poder efectuar “una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente, o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente”.
La Justicia ha concluido así que las medidas restrictivas adoptadas “afectan presumiblemente a las personas de menos capacidad económica, que se ven impedidas o gravemente dificultadas en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales”. Del mismo modo, la sentencia alude también a la especial afectación de las medidas sobre miles de vehículos profesionales, con repercusión directa en las condiciones de la competencia y del mercado.
Más sentencias en contra de las Zonas de Bajas Emisiones en España
La entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid iba a provocar que, a partir del 1 de enero, hasta 2 de cada 3 vehículos que componen el parque madrileño quedaría inhabilitado para circular por la Capital, según denunció ya AEA antes del verano pidiendo una moratoria que nunca llegó a tener respuesta por parte del Ayuntamiento.
Hay que recordar que esta no es además la primera sentencia ni mucho menos en contra de una Zona de Bajas Emisiones en España. La asociación de defensa de los automovilistas Dvuelta ya consiguió anteriormente que el Tribunal Supremo fallase en contra de Madrid Central en 2021, así como la suspensión en 2023 de la ordenanza que regula la ZBE del Ayuntamiento de Gijón. Además, en los últimos días, Dvuelta ha interpuesto también una demanda contra el Ayuntamiento de Torrelavega para impugnar del mismo modo la reciente aprobación de la delimitación de la ZBE de la ciudad, al considerarla igualmente “arbitraria, deficiente y carente de fundamentación legal”.
