FACONAUTO respondió así a las declaraciones de esta mañana de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (ANFAC) según las cuales los concesionarios habían planteado en esta negociación postulados maximalistas que podrían poner en peligro el desarrollo de este proceso negociador en el que participan las principales asociaciones sectoriales.
Los concesionarios, en un comunicado, señalan que esta actitud negociadora ya ha sido expuesta al ministro de Industria, Miguel Sebastián, y a los grupos parlamentarios.
FACONAUTO explica que ha asistido a las reuniones que se han celebrado en el Ministerio de Industria, en las que los representantes del Gobierno presentaron dos borradores de Código de Buenas Prácticas en los que se contemplaba un catálogo de esas buenas prácticas y un procedimiento de resolución de conflictos entre los agentes del sector basado en la mediación y el arbitraje.
Los concesionarios reconocen su disposición a firmar el borrador propuesto con 'mínimas matizaciones'.
No obstante, puntualizan que en un tercer borrador se redujo el citado catálogo a algunos de los principios generales del derecho y se eliminó el arbitraje sin someterlo a debate en la mesa de diálogo.
A este respecto, FACONAUTO aprovecha para recordar que la Dirección General de Comercio presentó en el Congreso de los Diputados, en marzo de 2009, un informe sobre el problema de los contratos de distribución en el que ya propuso la adopción de códigos de conducta y la creación de un 'organismo de arbitraje institucional' integrado tanto por la Administración como por los agentes del sector.
Asimismo, la patronal de los distribuidores apela a una recomendación de la Comisión Europea sobre los procesos de arbitraje en la resolución de conflictos.
FACONAUTO detalla como propuestas suyas de buenas prácticas consensuar la modificación de las condiciones esenciales de los contratos, acordar los objetivos de ventas y las compras mínimas de vehículos, no imponer los servicios financieros del fabricante a los concesionarios.
Asimismo aboga por prever indemnizaciones por las inversiones no amortizadas y por los daños o pérdidas derivadas de una resolución contractual unilateral por el proveedor y no obligar a los concesionarios a renunciar a los derechos adquiridos y a la duración indefinida de los contratos para mantener la estabilidad empresarial y los puestos de trabajo.