Los abogados del Estado, reacios a defender a la DGT en muchos casos

Cuando un abogado del Estado, el encargado de defender a la Administración, ve que va a perder el juicio, le queda el derecho de "allanarse", es decir, de retirarse. En estos casos, el oponente gana, pero la Administración ahorra tiempo y dinero. Los abogados que tienen que defender a la DGT en los contenciosos producidos por sanciones de tráfico tienen ya permiso por escrito para allanarse de forma general. El motivo, cada día pierden más juicios por culpa de los restrictivos y polémicos criterios que utiliza Tráfico para desestimar los recursos de los multados.

Los abogados del Estado, reacios a defender a la DGT en muchos casos
Los abogados del Estado, reacios a defender a la DGT en muchos casos

Cuando a uno le ponen una multa, siempre puede recurrirla alegando lo que crea conveniente en su caso. Todo el mundo ha tenido que hacerlo alguna vez. Al recibir el recurso, la Dirección General de Tráfico lo evalúa y, o bien lo acepta, con lo que el caso acaba ahí, o bien lo desestima, con lo que hay otra serie de recursos que desembocan en dos vías finales: el multado se cansa y paga, o bien recurre a la justicia ordinaria a través de los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

De ir a este camino, la DGT cuenta con la defensa de los abogados del Estado. Durante años, estos abogados, a título personal, se han percatado de que muchos de los criterios empleados por la DGT para denegar los recursos no eran válidos, con lo que decidían allanarse y el multado era liberado de su sanción.

A la hora de recurrir una multa, existen varios factores a los que apelar. Muchos son tan subjetivos que sólo un juez puede acabar determinando si sirven o no. Pero, en cambio, otros son tan objetivos que la propia DGT es capaz de saber si el sancionado tiene razón en su queja o si no la tiene. Son recursos, por ejemplo, contra plazos de prescripción o de caducidad, motivados por errores en la notificación de la sanción, falta de notificación o incluso notificación a través de boletines de las provincias (una práctica muy extendida que el Tribunal Supremo sólo autoriza como última posibilidad).

Expliquemos un caso: una persona no recibe la comunicación de la sanción dentro del plazo que marca la ley y recurre por este defecto de forma. La DGT, con sólo cotejar fechas, debería saber si tiene o no razón. Sin embargo, aplica el criterio de forma restrictiva y desestima el recurso sin hacer caso de la protesta, llevando el caso un paso más allá.

Al final, la mayoría de los sancionados se cansa y acaba pagando, pues generalmente las cuantías no son muy elevadas. Sin embargo, los que no se desaniman y siguen adelante acaban en los tribunales. En muchas ocasiones, los que los abogados del Estado, en cuanto ven los defectos de forma en que ha incurrido la DGT, se allanan sin más. Cada vez es más frecuente que la Administración sea condenada a pagar costas procesales en estos juicios.

Ante el aumento de casos de abogados que se allanan, el Ministerio de Justicia ha dado permiso a los abogados para que, en las defensas de la DGT, puedan allanarse sin más, como norma general.

Esta orden, dictada a través de una circular interna que hoy publica el diario El Mundo, es una especie de confirmación oficial de que la DGT está desestimando los recursos más de lo que debería. El Mundo, junto con otras entidades, considera que esto se debe a un afán recaudador.

Cambios legales
En Autopista Online, como en otras ocasiones, hemos recabado la opinión de Mario Arnaldo, jurista y responsable de Automovilistas Europeos Asociados. Para Arnaldo, no existe este afán recaudador, sino una "aplicación de los criterios restrictiva de los derechos de los ciudadanos". Es decir, que la DGT tiende a actuar "contra" el sancionado, en un afán que el propio organismo ha calificado históricamente de "ejemplificador". Lógicamente, como mucha gente desespera de recurrir en tan arduo proceso, la recaudación acaba incrementándose.

Mario Arnaldo explica que hay un grave desajuste en la interpretación que los tribunales dan a estos criterios que determinan la validez o no de un recurso. Se da el caso de que dos tribunales dictan sentencias totalmente dispares para un mismo supuesto.
Esto se debe a que no hay una doctrina unificada por el Tribunal Supremo, puesto que la Ley de Procedimiento Administrativo no permite al ciudadano llegar a dicho tribunal en contenciosos administrativos. Al no llegar estos problemas de multas al Supremo, no se unifican los criterios. Por esta razón, Mario Arnaldo y su asociación piden cambios en la Ley de Jurisdicción, de forma que llegue a dictarse una doctrina clara que acabe con estas situaciones de inseguridad jurídica.

Además, Arnaldo alerta de la gravedad que cobra este asunto cuando las multas corresponden al ámbito municipal. Recuerda que en los ayuntamientos, el jefe de la policía y el de los recaudadores es siempre el mismo, el alcalde. Esto puede dar lugar a situaciones en las que se estimule la actividad sancionadora con un fin puramente recaudador.