Las carreteras madrileñas, en la polémica

Madrid y sus carreteras viven en una polémica constante. La M-30 afrontará una inspección medioambiental por parte de la UE, mientras que se desconoce aún si el Gobierno regional podrá construir la R-1 y la M-50.

Las obras de la M-30 podrían vulnerar las normas medioambientales. Así lo han entendido desde la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha decidido enviar una delegación a Madrid para comprobarlo in situ.Antes, los próximos 22 y 23 de febrero, se recibirá a las partes (oposición y Ayuntamiento de Madrid) para que expongan sus razones.La intervención del Parlamento Europeo fue solicitada por la concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid Inés Sabanés, quien ha denunciado que el proyecto de renovación de esta vía de circunvalación y las actuaciones que lo componen “son una brutalidad" y contravienen la normativa medioambiental europea. El Consistorio no ha mostrado preocupación por el anuncio y ha señalado que afrontará la inspección de los eurodiputados como una oportunidad para despejar todas las dudas sobre las obras de esta vía y acallar las críticas. Por otro lado, el Gobierbo regional madrileño ha anunciado que contestará en el plazo legalmente previsto al requerimiento del Estado que le considera incompetente para construir la Radial 1 de peaje y cerrar la M-50.De todos modos, según el videpresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, las obras se van a hacer, por lo que se ofrece al Ejecutivo nacional que se subrogue y se les permita ejecutarlas.González ha señalado que ambas actuaciones son “necesarias y de interés" para los madrileños y que la Comunidad es “competente" para llevarlas a cabo, como, según ha indicado, consta en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Madrid.

En ambos textos legales se otorga competencia a las comunidades autónomas para que construyan carreteras y redes ferroviarias “cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su término territorial", como sucede en los casos que reclama el Gobierno central.

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