La Comisión Europea ha pedido a los gobiernos europeos prudencia a la hora de promover la prohibición de circular en ciudad a vehículos con motor Diesel, como medida preventiva tras el escándalo del fraude de emisiones contaminantes iniciado con el caso Dieselgate de Volkswagen. La Unión Europea teme que una medida de este tipo penalice a los consumidores y a los fabricantes que desarrollan motores más limpios.
Bruselas opina que llegado el caso debería ser una medida de último recurso y tomada de manera coordinada y gradual en el conjunto de los Estados miembros para evitar el “colapso” del mercado de los Diesel, según una carta de la comisaria de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, enviada a los ministros de Transporte de la Unión Europea.
“Si bien estoy convencida de que debemos avanzar rápidamente hacia las ‘cero emisiones’ de los vehículos en Europa, los legisladores y la industria no pueden tener interés en un colapso rápido del mercado del Diesel como consecuencia de prohibiciones locales”, explica la comisaria en la carta que han recibido los 28. A su juicio, uno de los primeros efectos de una medida tal sería que la industria se vería “privada de los fondos necesarios para invertir” en vehículos con “cero emisiones”.
Prohibir sólo si es inevitable
Por todo ello, la comisaria aboga porque se recurra a las restricciones de circulación sólo si es “inevitable” y que, llegado el caso, se lleven a cabo siguiendo criterios similares en el conjunto del Mercado Único. Lo que si contempla es que se prohíba la circulación “tan pronto como sea posible” de los vehículos que no cumplan con los límites de emisiones contaminantes, porque hayan sido trucados por los fabricantes durante el proceso de producción.
También insta a los Estados miembros a continuar el “diálogo” con la industria del automóvil para seguir avanzando en la investigación para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en las ciudades europeas.
A este respecto, un portavoz comunitario europeo ha explicado que Bruselas cree que las restricciones que se impongan en la circulación de las ciudades deben estar “primero y sobre todo” basadas en las emisiones contaminantes y “no en el tipo de carburante” del vehículo. En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario aplaude los esfuerzos de los Estados miembros para “proteger la salud” de los ciudadanos y mejorar la calidad del aire.
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