La nueva Ley de Tráfico amplía el plazo de caducidad de las sanciones

A última hora, la Comisión parlamentaria que prepara la reforma de la Ley de Tráfico ha introducido un cambio importante en su dictamen. Ha decidido establecer un plazo de un año para considerar caducado un procedimiento sancionador. La normativa general de Procedimiento Administrativo establece seis meses como periodo de caducidad.

La nueva Ley de Tráfico amplía el plazo de caducidad de las sanciones
La nueva Ley de Tráfico amplía el plazo de caducidad de las sanciones

Se entiende que un procedimiento sancionador caduca y pierde efecto, si no recae una sanción sobre la persona afectada en un determinado plazo de tiempo. La Ley de Procedimiento Administrativo, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que este plazo no debe exceder los seis meses. Es decir, si en seis meses no se notifica una sanción, no se podrá hacer después.

Esta reforma de 1994 dice que una norma con rango de ley puede modificar expresamente dicho plazo de caducidad, como es el caso de esta nueva Ley de Tráfico, pese a que está en su espíritu el acomodarse a la normativa general. La reforma de la Ley de Tráfico, en su exposición de motivos, señala que tratan de acomodar los mecanismos sancionadores a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Ana Torme, diputada del Partido Popular responsable de la Comisión parlamentaria que prepara la reforma de la Ley, señala que, según los juristas del Congreso, no hay ningún problema jurídico en este plazo de caducidad. Torme explica que este plazo tan amplio tiene como objetivo subsanar problemas que surgen en casos muy concretos. Se refiere a sanciones en las que se vean implicadas la Administración central por medio de la DGT y una administración autonómica. En estos casos, la necesidad de coordinación entre ambos organismos puede hacer que se superen los seis meses y caduque el procedimiento. Para evitarlo, se dobla el plazo, tal y como permite la reformada Ley de Procedimiento Administrativo.

Desde Automovilistas Europeos Asociados, su presidente, Mario Arnaldo, ha puesto el grito en el cielo. Considera que esta medida sólo sirve para facilitar el trabajo de los funcionarios y que convierte a los automovilistas en un colectivo "bajo régimen especial".

Arnaldo cree injustificada la ampliación del plazo y subraya que un conductor infractor puede llegar a estar dos años esperando su sanción final. En este periodo se incluye el margen de tiempo que se da a la prescripción, es decir, el lapso máximo que puede transcurrir antes de que se notifique la sanción. Este plazo también se ha situado en un año para las faltas graves. Así, podría darse el caso de que una sanción llegase con dos años de retraso. "En ese tiempo", señala Arnaldo, "el conductor podría incluso haberse rehabilitado".

Aunque no ha querido precisar, Mario Arnaldo asegura que su Asociación reaccionará enérgicamente contra esta decisión.

Conductores peligrosos
Precisamente de Automovilistas Europeos Asociados ha surgido la última propuesta de cambio para la nueva Ley. Pide esta institución que los médicos tengan la obligación de informar a la DGT sobre aquellas personas que padezcan alguna enfermedad o trastorno que les incapaciten para conducir.

Se trata con esta iniciativa de evitar casos como el ocurrido el martes 16 de octubre en Madrid, cuando un automovilista bajo medicación por problemas psicológicos atacó a otro con un hacha tras colisionar ambos coches.

Desde la Administración se ha recogido con escepticismo esta propuesta. Ana Torme considera que ese intercambio de información entre médicos y DGT choca con el derecho a la intimidad de los afectados.

Sin embargo, Mario Arnaldo cree que, en este conflicto, el derecho a la intimidad y el secreto profesional de los médicos no pueden amparar el que conductores que no son aptos par conducir puedan poner en riesgo al resto de los ciudadanos.

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