La Ley de Tráfico es constitucional

La Ley de Tráfico no vulnera la Constitución. Así lo ha resuelto el Defensor del Pueblo, que ha rechazado un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación de Defensa de los Conductores “Dvuelta".

El Defensor del Pueblo ha decidido no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Tráfico que, entre sus aspectos más polémicos, faculta a los agentes a retirar con inmediatez el carné de conducir a los conductores infractores. De esta manera, la oficina del Defensor del Pueblo ha desestimado la petición de inconstitucionalidad realizada por la Asociación de Defensa de los Conductores “Dvuelta" y un ciudadano particular. Ambos consideraban que esta normativa vulneraba derechos y garantías básicas.Dvuelta se refería al artículo 71 bis del texto articulado de la Ley de Tráfico, que establece que “cuando el agente de la autoridad compruebe que el conductor infractor en un accidente presente, además, síntomas evidentes de que ha perdido las condiciones físicas necesarias para conducir, intervendrá de manera inmediata el permiso o la licencia de conducción, sin perjuicio de la iniciación del procedimiento para declarar la pérdida de vigencia de autorizaciones".Para esta asociación, este artículo va contra el derecho a un procedimiento con todas las garantías de contradicción y defensa, contra el derecho de audiencia y contra el de presunción de inocencia, pues la ley habla de “conductor infractor". Según “Dvuelta", “este conductor ni siquiera ha tenido la posibilidad de intervenir en ningún procedimiento ni ante ninguna autoridad competente para defender su inocencia o sostener la ausencia de infracción en materia de tráfico" o, lo que es lo mismo, se eliminan las garantías mínimas que tiene todo acusado. El Defensor del Pueblo, por su parte, reconoce que hubiera sido más preciso que la norma usara la expresión “conductor presuntamente infractor", aunque señala que el artículo permite una interpretación conforme a la Constitución. Para apoyar este argumentos, se alude a la doctrina consolidada, que establece que un precepto debe ser mantenido en el ordenamiento si permite una interpretación conforme a la Carta Magna, en este caso la presunción de inocencia. Una vez conocida esta resolución del Defensor del Pueblo, la asociación ha señalado que no descarta “emprender acciones de inconstitucionalidad por otras vías", y ha sugerido que podría acudir al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución.