La Comunidad de Madrid pretende acabar con las grúas privadas clandestinas

El Gobierno de Madrid ha remitido al Consejo Económico y Social un proyecto de decreto que tiene como objetivo reducir las actuaciones irregulares de las grúas particulares, que, en opinión del Ejecutivo madrileño, actúan valiéndose de la indefensión del conductor cuando ha sufrido algún percance.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de acaba de aprobar una propuesta con la que se regulará la protección de los consumidores al hacer uso de la grúa, ha anunciado el consejero de Presidencia y Hacienda, Manuel Cobo.
El texto, que se aprueba hoy, obligará a los profesionales y empresas del sector a entregar, antes de la prestación del servicio, una hoja informativa en la que consten los datos de la compañía, las características de las operaciones que se vayan a realizar y las tarifas.
Además, deberán contar con hojas de reclamación a disposición del usuario y tendrán que dar un presupuesto previo o una orden de servicio, si éste se presta con cargo a una compañía de asistencia. Asimismo estarán obligados a expedir una factura o un justificante acreditativo de la asistencia realizada.
La grúa deberá someter el presupuesto a la firma del consumidor. Si el conductor no lo acepta, la empresa podrá cobrar el importe del número de kilómetros recorridos hasta el punto donde está el vehículo, que nunca podrán superar los kilómetros en los que se encuentre la base más próxima de la grúa.
Cobo ha explicado que con este decreto el Gobierno regional pretende dar respuesta a las demandas de los consumidores, "tratando de extremar la protección de los derechos de los usuarios que se ven frecuentemente en situación de inferioridad por la inmediatez necesaria para la prestación del servicio de grúa, normalmente tras una avería o siniestro, lo que impide adoptar una decisión con la debida serenidad".
El consejero ha asegurado que esta resolución también responde a las demandas de los profesionales y empresas del sector, "que son las más interesadas en respetar los derechos de los usuarios y desterrar las prácticas clandestinas en nuestras calles y carreteras".