En la presentación de la nueva legislación al respecto, la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, ha afirmado que ‘ha quedado claro que la Comisión Europea tiene que tener un poder de supervisión’.
Así, la CE obtendría más competencias en los procesos de control y homologación de vehículos, una cuestión que actualmente está íntegramente en manos de los estados miembros.
La falta de control de las autoridades europeas en este ámbito ha quedado en evidencia en el hecho de que sea en Estados Unidos y no en Europa donde se destapase el escándalo Volkswagen, lo que ha sacado los colores a los líderes europeos y ha levantado sospechas sobre la complicidad de estos.
Varios hechos, como que Volkswagen pretenda dar una compensación mayor a los clientes estadounidenses que a los europeos, la falta de una reacción contundente por parte de las autoridades o la aparición de un caso similar en Renault, han despertado la sensación de impotencia en la CE, que se ha visto con las manos atadas.
‘La CE no tenía ningún poder para tomar la iniciativa’ en el caso de los motores diésel de Volkswagen y ‘bajo la actual legislación no tenemos poderes ni para preguntar a los Estados miembros si algo va mal’, se excusaba Bienkowska. Por eso pide que Bruselas tenga la competencia de multar, en caso de nuevos fraudes, con hasta 30.000 euros por coche trucado a los fabricantes, si los países afectados no reaccionan. También pide poder realizar pruebas aleatorias a vehículos ya en circulación y retirar los coches afectados.
Con respecto a los servicios técnicos que llevan a cabo las pruebas, la CE quiere tener competencia para poder retirarles la licencia y multarles si no son rigurosos en los controles, y que dejen de estar financiados por el sector automovilístico para garantizar su independencia.
Ahora la pelota está en el tejado de los estados miembros y del Parlamento Europeo, que tienen que aprobar la propuesta de la CE para que pueda entrar en vigor. No las tiene todas consigo, dada la reticencia de los estados miembros a que Europa interfiera en sus competencias, y el gran peso del sector en países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España.
De hecho, la ONG Transport & Environment acusa a estos cinco países de ‘hacer lobby’ a favor de la industria del automóvil en la tramitación de otra propuesta que se puso en marcha tras el escándalo Volkswagen y buscaba reforzar las pruebas de emisiones.
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