Expertos plantean nuevas fórmulas para financiar conservación de carreteras

La inversión que destina el Estado a la conservación de las carreteras ha descendido un 66 por ciento en tres años, al pasar de 1.333 millones de euros en 2009 a 873 este año, por lo que los expertos han abogado en unas jornadas técnicas en Cáceres por nuevas fórmulas de financiación como el pago por uso.

Estos datos han sido facilitados hoy por Juan Agustín Sánchez Bernal, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), organizadora del evento en colaboración con la Asociación Española de la Carretera (AEC).

En la inauguración, Bernal ha puesto de relieve el progresivo descenso de la inversión pública en el mantenimiento de la red viaria, una caída que se mantendrá el próximo año, ya que el borrador de los presupuestos de 2013 refleja una partida de 800 millones.

Así, ha remarcado la obligatoriedad de los gestores de carreteras de conservar el patrimonio viario, al tiempo que ha solicitado aunar esfuerzos para garantizar la comodidad, fluidez y seguridad de las carreteras españolas.

Con el descenso del 66 por ciento de la inversión no es posible, a su juicio, realizar una conservación que mantenga los niveles de servicio alcanzados, de modo que ha reivindicado que se establezca mediante un ley un porcentaje del valor patrimonial de las infraestructuras como inversión mínima para su mantenimiento.

En carreteras, este porcentaje mínimo es del 2 por ciento para el Banco Mundial y del 2,5 por ciento para la ACEX.

Además, ha recordado que la carretera es una de las pocas infraestructuras cuya utilización no conlleva un pago por uso (PPU), de ahí que este sistema se convierta en una 'clara alternativa' siempre y cuando tenga carácter finalista y lo recaudado revierta en las vías.

Actualmente, la red viaria del país está formada por 165.000 kilómetros -25.000 a cargo del Estado y el resto competencia de las CCAA, Diputaciones y Cabildos-, de los que 15.000 kilómetros son tramos de alta capacidad.

También se ha mostrado partidario del sistema de PPU el presidente del Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la Colaboración Público Privada (CECOPP), José Ángel Presmanes.

Éste ha remarcado que existe y debe existir una doble red viaria, la social, que facilita la movilidad y está sujeta a la fiscalidad general; y la económica, que garantiza velocidad y que debe estar sujeta al PPU, como las autovías y carreteras de alta capacidad.

Por su parte, el subdirector General de Tráfico y Movilidad de la DGT, Federico Fernández Alonso, ha destacado que la conservación de las carreteras afecta directamente a esta institución, que es la que soporta el grueso de las quejas de los ciudadanos.

Problemas como un bache o una señalización inadecuada pueden derivar en una multa que el conductor siempre achacará a un afán recaudatorio de la DGT, ha indicado.