Madrid Central se implantó y España se libró de una importante denuncia. Así lo ha confirmado Karmenu Vella, Comisario Europeo de Medio Ambiente, quien señaló que España no fue denunciada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea gracias a medidas como Madrid Central o la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona.
Desde 2010, nuestro país lleva incumpliendo los límites máximos contaminantes. Este hecho se ha repetido continuamente en un buen número de países de la Unión Europea, a los que las instituciones no han conseguido meter en vereda. Tras distintos avisos a los Gobiernos de los países miembros, Vella decidió en mayo del año pasado denunciar a Alemania, Francia o Reino Unido, entre otros, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras numerosos expedientes sancionadores.
En ese bloque de países no estaba España, ya que desde el Comisariado Europeo de Medio Ambiente consideraron que la implantación de Madrid Central y la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, aún en fase de desarrollo, eran medidas drásticas con las que se conseguirían cumplir la regulación actual a nivel europeo, por lo que se frenó el mencionado expediente sancionador anterior.
Sin embargo, la amenaza de una posible denuncia a nuestro país por superar los niveles de dióxido de nitrógeno (NOx) y de dióxido de carbono (CO2) sigue vigente, ya que la promesa de una reducción del tráfico en las dos ciudades principales españolas sólo ha calmado temporalmente a Bruselas, que continuaría “supervisando de cerca la ejecución de dichas medidas, así como su eficacia".
Madrid Central, qué supone una vuelta atrás
La derogación de Madrid Central se ha convertido en una de las banderas de la campaña electoral de Martínez Almeida, candidato del Partido Popular, y de Ortega Smith, candidato de Vox. El primero tiene muchas posibilidades de hacerse con la alcaldía de Madrid, con el apoyo del segundo y de Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos, quien abogaba por una reforma de Madrid Central, pero no una vuelta a la situación anterior.
Mientras que el partido naranja lleva en su programa una reforma de la situación actual, sin más concreciones, Villacís sí se ha mostrado contraria a una eliminación completa y en diversas ocasiones ha anunciado una modificación de la norma “para hacerla más efectiva". Por su parte, el Partido Popular lleva en su programa una vuelta al antiguo sistema de Áreas de Prioridad Residencial (APR), cuyo funcionamiento era similar al actual y que abarca las zonas de Ópera, Cortes, Letras y Embajadores. En el programa de Vox no encontramos referencias a Madrid Central, pero las primeras palabras de Ortega Smith en su discurso postelectoral estuvieron dedicadas al proyecto: “a partir de mañana se acabó Madrid Central".
Pero, ¿veremos cambios sustanciales en la norma actual? La denuncia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede provocar una multa de unos 100 millones de euros por semestre de incumplimiento de los niveles máximos permitidos desde las instituciones europeas, según Ecologistas en Acción. Si esta multa se aplica a los últimos nueve años, periodo en el que España viene incumpliendo la norma, la cuantía de la misma podría situarse en los 2.000 millones de euros a final de año. En caso de aplicarse en los años venideros, España podría pagar entre 100 y 200 millones de euros todos los años por su incumplimiento.
Estas cifras pueden ser un verdadero problema para quienes prometieron una derogación casi inmediata de Madrid Central. Martínez Almeida, por ejemplo, anunció que una de las primeras medidas que abordarían sería una comisión para planear la eliminación del proyecto. “Seguro que el ciudadano deja el coche privado si hacemos otras alternativas", aseguró quien parece que será el nuevo alcalde de Madrid. El objetivo, por tanto, es dar marcha atrás al proyecto al tiempo que se ejecutan aparcamientos disuasorios y se amplían carriles Bus-VAO como medidas para contentar a bruselas.
