España produce 42 vehículos. De ellos, sólo cuatro son completamente eléctricos. Por un lado están las furgonetas Nissan e-NV200, Citroën Berlingo y Peugeot Partner; y por otro, el cuadricilo Renault Twizy, y cuyo éxito en ventas ha hecho que la marca francesa tome la decisión de trasladar su producción de la planta de Valladolid a la de Corea del Sur a lo largo del primer trimestre del año que viene.
Con estos datos en la mano, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, considera que las plantas españolas de producción de vehículos están “muy rezagadas" en cuanto a la fabricación de modelos eléctricos.
Sin embargo, la ministra ha defendido en la sesión de control al Gobierno en el Senado que el compromiso del Ejecutivo es poner en marcha un conjunto de medidas que impulse la fabricación de vehículos eléctricos en las plantas nacionales, así como dar “certidumbre" y “seguridad jurídica" al sector del automóvil a través de un grupo de trabajo que velará por la competitividad y la sostenibilidad de la industria de automoción.
Según el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, en menos de 22 años no se podrá comercializar un vehículo que expulse emisiones directas a la atmósfera. Desde el ministerio de Transición Ecológica afirman que es tiempo más que suficiente para transformar las cadenas de producción de las fábricas de automóviles. Dos décadas para pasar de fabricar Diesel y gasolina a ensamblar eléctricos. El sector de automoción está de acuerdo en la transición al vehículo eléctrico pero pide al Gobierno que acompañe sus anuncios con planes integrales de acompañamiento a la transición industrial. Sin embargo, España no tiene ningún centro de toma de decisiones sobre la adjudicación de modelos a las plantas existentes en el territorio nacional. No le corresponde a la factoría decidir qué modelos produce.
¿Apoyar al consumidor?
Reyes Maroto ha apuntado que el equipo de Pedro Sánchez apoyará a los consumidores para que puedan cambiar su vehículo actual por uno más respetuoso con el medio ambiente, aunque no especifica de qué manera, e impulsará la instalación de puntos de recarga. Otros países, como Reino Unido, tiene aprobado un plan estructural de apoyo a la compra de vehículos alternativos y de gestión de infraestructura de recarga por valor de 1.700 millones de euros. Por su parte, Alemania también aprobó a finales de 2017 un plan dotado con 1.000 millones de euros. Y, Noruega lleva con planes de incentivación de eléctricos desde hace 10 años.
Esta misma semana hemos conocido la noticia de que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) no podrá contar con los 16,6 millones de euros de Industria para ayudas a la movilidad sostenible que figuran en los presupuestos de este último departamento para 2018, ya que el Ministerio de Hacienda ha denegado la transferencia de fondos. Como consecuencia de esta decisión, este montante no podrá ser consumido durante el presente año y no se destinará a la finalidad de incentivar los vehículos de energías alternativas.
El Gobierno propone un sistema 100% eléctrico renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollarán actuaciones como el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de esa fecha.
Para el senador popular Luis González, esta última medida no servirá de estímulo para que los consumidores cambien su vehículo, sino todo lo contrario. “La compra de vehículos va a descender, provocando la bajada de producción de las fábricas y arrastrando a la industria auxiliar. Bajará el PIB y la riqueza de los españoles y afectará muy seriamente al empleo".
