El consejo de Ministros de Medioambiente de los veintiocho ha acordado reducir un 35 por ciento las emisiones de CO2 de coches y vehículos comerciales ligeros para 2030. Esta cifra se sitúa por encima de lo propuesto por la Comisión, del 30 por ciento, pero por debajo de la de la Eurocámara que pedía el 40 por ciento.
El año de referencia es el 2021 para esta reducción y contempla una revisión sobre los niveles de 2030 hacia 2024, en función del desarrollo alcanzado, y también de los que se pedirán para 2035 y 2045.
También se contempla un límite intermedio de reducción hacia 2025, del 15 por ciento el término medio defendido por España, a caballo entre las más conservadoras lideradas por Alemania, entre las que se encuentran Hungría o República Checa, y las más avanzadas con Francia como principal defensora, así como Holanda y Bélgica. Y es que a pesar del acuerdo, algunos países como Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Eslovenia y Dinamarca afirmaron que harían una declaración conjunta para criticar la falta de ambición.
Pero la negociación definitiva no está cerrada. El Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo tendrán que negociar a tres bandas para decidir el porcentaje final de emisiones que se pedirá a los fabricantes automovilísticos, y cerrar el acuerdo que se convierta en la Ley obligatoria para 2019.
Ese 35 por ciento de reducción coincide con la posición defendida por España, siempre que tras esta última negociación el esfuerzo se quede, tal y como ha afirmado la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “más entre el 35 y el 40 que entre el 30 y el 35 por ciento".
En declaraciones a la agencia EFE, la ministra ha manifestado que “el acuerdo para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos es una oportunidad para la industria del automóvil española". Que considera que la transformación del sector que en España alcanza casi el 12 por ciento del PIB supone “una oportunidad para la innovación y la competitividad" de la industria.
