El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio ayer luz verde a la creación del nuevo impuesto autonómico sobre la fase minorista de la venta de hidrocarburos, una tasa que, según Montoro, "será beneficiosa para los ciudadanos", ya que contribuirá a cubrir las necesidades de la sanidad pública.
Así, de cumplirse los plazos previstos, las Autonomías que ya administran la sanidad podrían empezar a imponer este recargo sobre las gasolinas y gasóleos que se consumen en sus territorios desde el próximo 1 de enero. Las comunidades restantes no podrán hacerlo hasta que se cumpla el traspaso sanitario.
El borrador del acuerdo determina que las estaciones de servicio "deberán repercutir el importe de las cuotas" sobre los consumidores, "quedando estos obligados a soportarlas". Las Autonomías deberán definir las tarifas del impuesto, en una horquilla que oscilará entre una y tres pesetas por litro de gasolina. Con esta solución se pretende evitar que el contribuyente tenga que soportar incrementos excesivos o bajadas demasiado competitivas que alteren el funcionamiento del mercado.
Así, el Gobierno quiere prevenir que, por una parte, se produzca un fraccionamiento del mercado nacional de venta de combustible y, por otra, que se aproveche la nueva tasa para incrementar "discrecionalmente" los ingresos de las Autonomías en períodos complicados. 
En cualquier caso, el impacto del nuevo impuesto sobre el precio final de los combustibles tampoco será muy significativo. Según el presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Jorge Segrelles, la posible cesión del tramo minorista a las CCAA no supondrá un grave aumento de la presión fiscal sobre los carburantes y, por tanto, no se traducirá en un aumento de los precios.
En España se consumen 27.975 millones de litros de gasolina anuales, por lo que los ingresos de las comunidades autónomas podrían aumentar hasta 83.925 millones de pesetas si, finalmente, la gasolina incrementa su precio en tres pesetas por litro.
Varias entidades critican el nuevo impuesto
La propuesta sobre la nueva tasa, realizada por el Gobierno catalán ante el crecimiento del gasto sanitario, fue recogida en el pacto de financiación autonómica de julio. El texto articulado, que la Administración central ya ha enviado a todas las comunidades autónomas, se pretende incorporar a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Financiación Autonómica. El Congreso tramitó ayer dicha enmienda sin el apoyo del PSOE, que acusó a Hacienda de escatimar a las autonomías 85.000 millones de pesetas.
El grupo socialista no ha sido el único en criticar la nueva medida. El presidente de CEOE, José María Cuevas, calificó ayer de "mala noticia" esta propuesta y aseguró que este tipo de disposiciones suponen "inflación sobre inflación".
Por su parte, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac), cree que este nuevo impuesto "es una medida facilona, demagógica y carente de la más pura ortodoxia fiscal", ya que, en su opinión, "no tiene sentido recaudar del sector del automóvil para financiar la sanidad".
Según el director general de esta asociación, Luis Valero, "la propuesta es un disparate, a los automovilistas ya se les ordeña con casi tres billones de pesetas al año y sólo se benefician con los 600.000 millones de pesetas que, anualmente, se destinan a carreteras".
Otras organizaciones, como el RACE (Real automóvil Club de España) y CEA (Comisariado Europeo del Automóvil), también hicieron oír sus críticas, calificando esta medida de "error absoluto".
