El Gobierno no logra que aumente el parque de gasolineras

En junio de 2000, el Gobierno aprobó una potente batería de medidas que pretendía liberalizar el mercado de las estaciones de servicio españolas y favorecer la apertura de nuevas instalaciones. El objetivo final era reducir el precio del combustible introduciendo competencia en el sector. Año y medio después, el mercado está saturado y no crece.

Durante 2001 se abrirán en España 180 gasolineras, bastante por debajo de la media de 200 puntos de venta que era habitual en los años 90. Pero, además, infinitamente por debajo de los deseos del Gobierno, que pretende contar con 450 nuevas instalaciones cada año.

El plan del Ejecutivo preveía que en 2004 España llegase a las 9.800 estaciones de servicio. Sin embargo, con sólo 7.500 puntos de venta merecedores de tal nombre, la meta parece inalcanzable.

A estas alturas, son muchas las voces que critican abiertamente el decreto de junio de 2000. No falta quién asegura que ese texto legal es un freno a la competencia.

Los gasolineros tienen varias razones para explicar este estancamiento. Por un lado, aquel decreto prohibía a Cepsa y Repsol, motores del mercado, la apertura de nuevas gasolineras en un plazo de entre tres y cinco años. Esto ha restado mucho apoyo al sector, pues entre ambas firmas abrían cada año más de la mitad de las nuevas gasolineras. También se echa en falta gran parte de su apoyo financiero, comercial y publicitario.

Por otro lado, las estaciones de servicio ven cada vez más reducido su margen de beneficio. Los hipermercados compiten muy duro bajando los precios y los empresarios tradicionales ganan cada vez menos dinero. Ante este panorama, cunde el desánimo y nadie se arriesga a construir nuevas infraestructuras. Sus previsiones para los próximos tres años son desalentadoras: las ventas caerán por debajo del límite de beneficio.

Para luchar contra este problema, los propietarios de estaciones de servicio llevan años reclamando el fin de los contratos de abanderamiento en exclusiva. Estos pactos les unen de forma indisoluble con las petroleras. Libres de ellos, aseguran que podrían ir al mercado libre a buscar los mejores precios para el combustible.

Quieren también, y lo han denunciado ante la Comisión Europea, que el Gobierno revoque las concesiones que ha hecho a los hipermercados. Para los centros comerciales hay varias ventajas a la hora de abrir gasolineras. Por ejemplo: pueden reconvertir su suelo no urbanizable en industrial para levantar ahí gasolineras. Los profesionales tradicionales se oponen a esta medida pues la consideran una "ayuda encubierta". También se quejan de que los centros comerciales atraen a los clientes con el reclamo de los precios bajos para que acudan a las tiendas. Sospechan incluso de la legitimidad del combustible que se expende en estas instalaciones.

La propuesta de Copyme
Una solución presentada ante estos problemas es la que Copyme, una patronal de pequeñas y medianas empresas, ha hecho llegar al Gobierno.

Desde Copyme se pide que Madrid libere suelo suficiente como para abrir 24 nuevas gasolineras. Con ellas, pretenden aportar 412 puestos de trabajo.

Según su secretario general, Miguel Ángel Blanco, las estaciones se abanderarían con empresas minoritarias, nunca con Cepsa o Repsol YPF. "Se trata de romper el monopolio que tienen estas dos compañías en Madrid", asegura Blanco.

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