El nuevo Corsa no tiene el tirón esperado por Opel, ya que este modelo difícilmente conseguirá vender las 450.000 unidades que se esperaban para este año. La crisis de ventas se sitúa a nivel europeo, pero las repercusiones se han hecho palpables en una planta aragonesa, Figueruelas.
Desde el próximo 20 de agosto hasta el 31 de diciembre, 8.157 trabajadores, casi la totalidad de la plantilla, deberán abandonar sus puestos durante veinte días. Sólo se "salvarán" los empleados mayores de 57 años, es decir, 650 personas que conservarán así íntegra su pensión cuando se jubilen.
Esta medida ha sido establecida por el Gobierno de Aragón, concretamente por la Dirección General de Trabajo de esta comunidad, y cuenta con el visto bueno de General Motors, propietaria de la marca y promotora del expediente de regulación de empleo. Con los paros, que este Ejecutivo considera coyunturales, se pretende mantener una producción diaria de 1.800 vehículos (la capacidad de la planta es de 1.950) y preparar a la factoría para fabricar un nuevo vehículo polivalente o el Corsa Delivery Van.
En el otro lado de la balanza, se sitúa el comité de empresa, que ya ha anunciado que está dispuesto a llegar a los tribunales para frenar estas "vacaciones no remuneradas".
Los sindicatos, en contra
UGT se ha mostrado en contra de la resolución del Gobierno que preside Marcelino Iglesias. El portavoz de este sindicato en el comité de empresa de la factoría aragonesa, Fernando Bolea, ha afirmado que la Administración "no tenía que haber aprobado este expediente, porque la actual situación es fruto de los errores de planificación de la compañía, que ahora se quieren hacer pagar a la plantilla".
Además, según ha destacado, las autoridades han estado poco generosas con los trabajadores al excluir a los mayores de 57 años y no a los de 55, ya que la diferencia "es mínima: en vez de 640, los liberados hubieran sido unos 812".
Este sindicato también teme que las medidas adoptadas en la planta de Opel produzcan un "efecto dominó" en las cerca de 90 empresas auxiliares que trabajan para la multinacional y dan empleo a más de 2.800 trabajadores, la mayoría de ellos con contratos eventuales.
Por su parte, Juan Manuel Garicano, portavoz de la multinacional automovilística, ha afirmado que "con su decisión, la Administración deja claro que, cuando la Dirección de la compañía planteó el expediente de regulación como única alternativa, fue porque es ésta una razón objetiva y no sólo un simple recurso fácil".
Este portavoz ha devuelto las acusaciones al campo de los sindicatos, porque, como ha comentado, "en las negociaciones previas con los representantes de los trabajadores se ofreció la llave para evitar el expediente como eran las medidas de flexibilidad, pero el comité se negó".
