Continúa la polémica y el revuelo en Redes Sociales y en medios de comunicación por el presunto caso de un conductor particular que ha instalado en su coche un radar para imponer sanciones de tráfico y de circulación. Este hecho ha tenido lugar en las inmediaciones del término municipal de Cazalegas (Toledo), un tramo de carretera cuya competencia en términos de control de tráfico y circulación es del propio término municipal y no de la DGT.
Según el comunicado de prensa emitido por el Ayuntamiento de Cazalegas sobre el vídeo publicado en la red social de conductores SocialDrive, este municipio “es ajeno por completo y se exime de cualquier responsabilidad por la difusión del citado video así como por la captación de la imagen de la persona que aparece en el video. Desde la Alcaldía, dentro de sus competencias, se van a cursar las instrucciones oportunas para investigar los hechos acaecidos, solicitando, en su caso, los pertinentes informes jurídicos.”
Con la polémica generada en las últimas horas vuelve a escena una iniciativa que no es nueva, ya que a priori las Administraciones locales (ayuntamientos, en este caso) tienen libertad para contratar o subcontratar de forma externa ciertos servicios que se aplicarían dentro de sus competencias a nivel municipal. De hecho, existen varias empresas que han ofrecido sus servicios y tecnología para la instalación de diferentes dispositivos y sistemas para el control del tráfico, en este caso, radares de velocidad.
Sin embargo, la esencia de toda esta problemática reside en la persona que realmente puede manipular el radar de velocidad. Al respecto y según se recoge en la ley española de ámbito nacional, la DGT ha recalcado lo siguiente, en unas declaraciones recogidas por Autopista.es: “en todos los casos debe ser un agente de la autoridad (un policía local, un policía autonómico o un agente de la Guardia Civil) y no un ciudadano anónimo o particular el que está autorizado legalmente a usar un radar para proceder de ese modo al procedimiento formal de firma y denuncia de la correspondiente infracción de tráfico y circulación”.
De forma paralela, el radar en cuestión “debe ser un dispositivo legal y homologado debidamente por el Instituto Nacional de Metrología”.
LUGARES DEL MUNDO DONDE UN CONDUCTOR PARTICULAR SÍ PUEDE USAR SU COCHE COMO RADAR PRIVADO
Hace unos años Francia dio luz verde a un proyecto por el que se contrataban los servicios externos a ciertas empresas, que a su vez contratarían a ciudadanos anónimos para poder instalar en su coche privado un radar. A lo largo de 2023, la intención de las diferentes ciudades que se han adherido a dicho proyecto es la de tener repartidos por varios lugares del país galo varios cientos de vehículos particulares equipados con radar.
Las primeras pruebas se realizaron en las regiones de Normandía y Bretaña y, tras comprobar los resultados, esta medida se iba a extender a otras ocho regiones con 200 vehículos elegidos para desempeñar dicha función. El objetivo es que a lo largo de este año 2023 estén ya operativos en todo el territorio galo alrededor de unos 450 vehículos privados con radar, tal y como confirmó una información publicada en la agencia de noticias EFE.
Según dicha información, se sacaron a concurso diversas licitaciones a la que podrían optar empresas privadas, con presupuestos para pagar a cada conductor 1.500 euros al mes con jornadas laborales de seis horas. La cuantía mensual que recibiría cada conductor no dependería del número de multas impuestas, sino directamente del número de horas trabajadas.
