El portavoz del Grupo Catalán en el Congreso de los Diputados, Josep Durán i Lleida, ha presentado una Proposición no de Ley donde defiende la obligación de utilizar el cinturón de seguridad en los autocares para mejorar la seguridad en este tipo de transporte.
Durán propone la incorporación a la legislación española de todas las directivas europeas que estén relacionadas con el uso del cinturón en los vehículos, especialmente la que obliga al uso de los cinturones de seguridad en los autocares para todos los ocupantes de tres o más años (Directiva 2003/98).
El portavoz catalán ha precisado que el plazo de transposición de esta directiva termina el 9 de mayo de 2006, sin que su incorporación al ordenamiento interno tenga una fecha prevista, y ha señalado “el evidente retraso de la legislación española en materia de seguridad en autocares". Por esto, Durán propone establecer, en un plazo de seis meses, un plan PREVER que promueva la renovación de la actual flota de este transporte.
Según un reciente estudio del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), “España es el primer país de la UE en número de muertos por accidente de autocar desde 1994". Además, este estudio revela que el 60 por ciento de los autocares está equipado con cinturones, pero su uso no es obligatorio; y tienen una media de antigüedad superior a la de los turismos.
Esta propuesta de CiU se conoce en una jornada en la que el Consejo de Ministros ha aprobado defnitivamente el Plan Integral de Seguridad en el Transporte.
El plan se extenderá a todos los modos de transporte (aéreo, terrestre, marítimo) y es uno de los objetivos prioritarios del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT).
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han convocado una jornada en defensa del transporte público de calidad. El próximo 8 de junio, los Ministros de Transportes europeos van a debatir sobre una legislación que regule las futuras condiciones de los transportes públicos en Europa. La idea principal de esta reunión reside en el hecho de que “los transportes públicos son un servicio de interés general, por lo que debe tomarse una decisión democrática sobre las normas de seguridad, precio, calidad y medio ambiente".
