A estos cuatro países, acusados de no actuar contra el grupo automovilístico cuando se destapó el escándalo del falseo de las emisiones, se suman República Checa, Grecia y Lituania, que no solo no hicieron nada al respecto, sino que ni siquiera cuentan con un marco sancionador para este tipo de situaciones. Pero la Comisión no descarta expedientar a otros estados cuando obtenga más información.
La sanción al fabricante alemán era competencia de los estados miembros, puesto que el Ejecutivo comunitario no tiene poder para ello. Lo único que puede hacer al respecto es exigir a los gobiernos que actúen, dado que son estos los responsables de garantizar que las pruebas de emisiones sean fidedignas.
La apertura de estos procedimientos marca el inicio de un largo proceso que podría culminar en el Tribunal de Justicia de la UE con multas para los mencionados países. Estos disponen de dos meses para responder a la llamada de atención del Ejecutivo europeo; de lo contrario, este dará un segundo paso.
La Comisión Europea ha iniciado este camino más de un año después de que se descubriera que Volkswagen actuaba de forma fraudulenta al medir las emisiones de sus vehículos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el gigante alemán ya se ha comprometido a destinar una partida de más de 13.000 millones de euros como compensación a los clientes en Estados Unidos. Aun así, el organismo que defiende a los consumidores allí ha vuelto a demandar a la compañía.
Bruselas justifica esta tardanza en que ha estado esperando la información que solicitó a los países miembros. Y, pasado todo este tiempo, solo Alemania y Reino Unido ha respondido. Así, la Comisión ha acusado a los países de ‘negarse a revelar’ los datos que han recabado ‘en relación con las posibles irregularidades de las emisiones’.
Por otro lado, la poca información obtenida revela que hay otros fabricantes de los que se sospecha que han realizado mediciones de forma fraudulenta.
Elzbieta Bienkowska, comisaria europea de Mercado Interior e Industria, declaró que ‘el cumplimiento de la ley es, ante todo, el deber de los fabricantes de automóviles. Pero las autoridades nacionales deben garantizar que los fabricantes de automóviles lo hagan’.
La Comisión presentó en enero una reforma para reforzar los controles de emisiones para que reflejen las emisiones reales y no las pruebas de laboratorio, como ocurría hasta ahora. También se contempla habilitar a este organismo para que pueda imponer multas a los fabricantes que no respeten las reglas. Todo ello está pendiente de negociación en el Parlamento Europeo y el Consejo.
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