El precio medio del gasóleo (antes de los impuestos que grava el Estado) ha aumentado en España un 10,75 por ciento durante el mes de noviembre, mientras que en la Unión Europea el incremento medio ha sido del 10,38 por ciento.
Según los datos aportados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “el precio medio del gasóleo -el combustible más demandado- subió en España 5,10 céntimos de euro por litro de combustible, hasta situarse en una media de 52,54 céntimos por litro a finales de noviembre", siempre antes de impuestos.
En la UE, el precio acumulado de los 11 primeros meses del año fue de 51,34 céntimos de euro, lo que supone un incremento de 4,83 céntimos.
En cuanto a la gasolina sin plomo, el precio medio antes de impuestos ha sido de 48,85 céntimos de euro, frente a los 48,26 céntimos en la UE, lo que supone un incremento del 14,67 y del 14,36 por ciento, respectivamente, respecto a noviembre de 2005.
Por su parte, la cotización media del barril de crudo tipo Brent hasta noviembre fue de 65,39 dólares, lo que supone un descenso de 3,74 dólares o un 6,78 por ciento respecto al mismo mes de 2005. La Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicios (CEES) está dispuesta a reclamar al Estado “indemnizaciones millonarias" si no se aplica correctamente la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre la fijación de precios. Por este motivo, los gasolineros aseguran que no están dispuestos a seguir permitiendo que las petroleras les fijen los precios de los carburantes.
En la resolución judicial se fijó una lista de 7 criterios por los que un propietario de una gasolinera puede distinguir si su contrato es de comisionista o revendedor, dependiendo de los riesgos que corra. Entre estas condiciones se cita la responsabilidad del juez para verificar si el pago a un proveedor, correspondiente a la venta de carburantes, depende de la cantidad vendida en un plazo concreto o si, por el contrario, corresponde a la cantidad suministrada.
Para demostrar la fijación de precios, los gasolineros están dispuestos a aportar al Tribunal de Defensa de la Competencia las facturas de los dos últimos años. En dichas facturas, se calcula el cobro del IVA con un precio marcado por la petrolera para el carburante, por lo que cualquier cambio final en el precio corresponde, en la práctica, a una fijación de precios.
