La Confederación Española de Talleres (Cetraa) ha denunciado ante la Agencia Tributaria la situación que están sufriendo con los talleres ilegales. Desde hace años llevan detectando un incremento de este tipo de instalaciones, lo que tiene graves consecuencias para el sector y para los clientes.
Cetraa cifra en 3.500 millones de euros las pérdidas ocasionadas en el sector desde el año 2012 por las prácticas de los talleres ilegales, lo que ha tenido una “evidente repercusión en la merma de ingresos para la Hacienda Pública y la Tesorería de la Seguridad Social”, puntualiza Guillermo Moreno, responsable de la Comisión de Intrusismo de Cetraa.
Reparaciones sin garantías
Los talleres ilegales no solo repercuten en la pérdida de ganancias de los que sí son legales: también afectan a los clientes que acuden con sus coches a estos centros para efectuar reparaciones.
La dudosa calidad de las reparaciones y de los materiales y recambios utilizados pone en peligro la seguridad de los vehículos que se reparan en los talleres ilegales y el medioambiente, al desconocerse el destino de los residuos tóxicos que genera este tipo de establecimientos, lo que desemboca en un fraude fiscal.
Cómo denunciar un taller ilegal
Cetraa calcula que el 20% de los talleres que operan en España son ilegales, lo que se traduce en unos 9.000 centros, aproximadamente. Moreno insiste en la incidencia que tiene la competencia desleal en la actividad del taller, “en muchos casos, los talleres legales tienen que cerrar porque no pueden competir, ya que se estima que los precios que aplican estos talleres ilegales son de media un 30% inferior”. Además, “no pagan impuestos, ni cotizaciones sociales, ni aplican el 21% del IVA y, por lo tanto, no lo ingresan en el erario público”, agrega Moreno.
Por todo ello Cetraa ha solicitado a la Administración se extreme la vigilancia y adopte las medidas necesarias para la erradicación de los talleres ilegales. La Confederación, que lidera la lucha contra el intrusismo en el sector, dispone de un espacio en su web llamado Sala de Denuncia para denunciar estos centros ilegales. El año pasado se registraron 1.500 expedientes.
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