El Estado de Alarma limita la libertad de movimientos de los ciudadanos. Sí, se trata de la aplicación de una norma de carácter excepcional que permite a los cuerpos policiales y militares controlar el movimiento de personas, con el objetivo, en este caso, de frenar la curva de contagiados por coronavirus.
Como principal consecuencia, los desplazamientos andando y en coche han quedado muy limitados, casi restringidos en exclusiva a aquellos que vayan al trabajo (ahora sólo pueden hacerlo los oficios considerados esenciales), a quienes vayan a comprar, a una gasolinera o trasladen a una persona mayor o con movilidad reducida.
Estas son las multas
De hecho, no cumplir con estas obligaciones está castigado con sanciones que pueden llegar a ser muy duras, especialmente si uno se resiste a las fuerzas de la autoridad cuando éstas le dan el alto para comprobar qué motivo le lleva a estar fuera de casa.
Tal y como recogen en el diario Expansión, la Ley de Seguridad Ciudadana contempla diversas sanciones en función de la gravedad de la infracción. Si se atenta contra el artículo 37, en el que se recoge la posibilidad de que un ciudadano se salte el cordón policial de una zona acotada, la multa es de 100 a 600 euros.
Un paso por encima en gravedad y castigo económico está el artículo 36, en el que se recogen las sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse o entregar documentos falsos. En este caso, la cuantía de la multa parte de los 601 euros y puede llegar a alcanzar los 30.000 euros.
Aún más graves son las sanciones recogidas en la Ley General de Salud Pública. En concreto, en el artículo 52 se recoge que quienes lleven a cabo una acción que pueda producir un mal grave o riesgo en la salud pública de la población, la multa partirá de los 60.001 euros y puede alcanzar los 600.000 euros.
Cómo se está sancionando
Como bien puedes leer, lo recopilado por el diario económico es la teoría, extraída de las distintas normativas que rigen nuestro sistema social. Sin embargo, El País asegura que en la práctica se está tomando una vía más flexible, en la que se avisa a los infractores en repetidas ocasiones antes de imponer una sanción económica.
Tal y como puedes leer en el enlace anterior, el diario afirma que los cuerpos policiales están optando por la advertencia verbal en primer lugar, seguida de una sanción administrativa que, en caso de reincidencia, acaba convirtiéndose en detención y condena.
De esta manera, al inicio de la semana se habían tramitado 216.326 propuestas de sanción, pero la mayor parte de ellas tenían como protagonistas a un reducido número de reincidentes. Tanto es así que hasta la media noche del lunes se habían detenido a 1.849 personas por reincidencia en su comportamiento o resistencia a la autoridad.
La mayor parte de los detenidos se están enfrentando a castigos económicos que superan ligeramente los 600 euros, amparándose los jueces en un delito de resistencia a la autoridad. En algunos casos la cuantía de la multa se ha agravado por agresiones físicas o verbales a los agentes.
En el peor de los casos, los detenidos también se están enfrentando a penas de prisión. Estos son aquellos a los que se les aplica el artículo 556 del Código Penal, donde se hace referencia a aquellos que desobedezcan gravemente o se resistan a las autoridades, con penas de prisión que van de los tres meses a un año o multas de seis a 18 meses.