El Parlamento balear aprobó el pasado martes 12 de febrero la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una normativa que recoge la prohibición de los coches Diesel en 2025 y los de gasolina en 2035 en toda la Comunidad. Las críticas en el sector de la automoción han sido múltiples, plasmadas a través de algunas de las principales asociaciones y organismos como Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Ganvam (la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios) y Faconauto (federación españolas de Concesionarios de Automoción). Las consecuencias económicas de la entrada en vigor de esta nueva normativa medioambiental serán dramáticas, según señala un informe realizado por Solera, una compañía y consultoría especializada en diversos estudios y soluciones inteligentes para el mundo de la automoción.
En el estudio se señala que el sector de la reparación y del mantenimiento de vehículos en Baleares podría perder en torno a 138 millones de euros en facturación por la puesta en marcha de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares. Los costes de reparación y de mantenimiento en talleres de los vehículos impulsados por motores de combustión Diesel y gasolina son mucho mayores que los automóviles cien por cien eléctricos, por lo que muchos negocios se verían afectados directamente.
Adicionalmente, las empresas de ventas de vehículos de ocasión también podrían desaparecer de forma masiva. Según se señala en este estudio, peligraría la continuidad de unos 424 negocios **de este tipo en todo el territorio balear, que se verían obligados a dar salida a un stock de unos 10.000 vehículos Diesel a precios de derribo o a venderlos directamente a otras zonas de España. De hecho, el **mercado de ventas de vehículos nuevos ya se está viendo afectado de forma negativa, sobre todo en lo relativo a los automóviles** impulsados por Diesel**, cuyas matriculaciones en Baleares se han desplomado algo más de un 25 por ciento.
Por otro lado, la Federación Nacional de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha afirmado que las empresas “rent a car" tendrán que hacer frente a una electrificación “acelerada", con los riesgos y consecuencias que ello implica. Asimismo, Feneval asegura que la nueva ley de Cambio Climático en Baleares va "en contra" de la legislación que reconoce la libre circulación por el territorio nacional y europeo.
Feneval también ha señalado que "la ley aprobada por el Govern (balear) afecta seriamente al sector del 'rent a car' y puede llegar a comprometer el normal funcionamiento de una actividad indispensable para un turismo sostenible y de calidad. Además, esta prohibición tendría consecuencias perjudiciales sobre otros sectores como la venta de vehículos, o la distribución de carburantes en estaciones de servicios, entre otros."
Por el momento, Feneval espera que la Comisión Europea tumbe definitivamente la ley aprobada en Baleares. De hecho, el organismo europeo admitió hace unos días a trámite la denuncia formulada por Anfac al considerar la polémica nueva normativa como “arbitraria, inidónea, desproporcionada y que carece de respaldo técnico o científico."
