Bruselas pide destinar 3,9 millones para recolocar a 528 italianos que perdieron empleo en la construcción

La Comisión Europea ha propuesto este lunes destinar 3,9 millones de euros del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización para ayudar a recolocar a 528 italianos que han perdido su empleo en el sector de la construcción debido a la crisis. Los Veintisiete y el Parlamento Europeo tienen que dar su visto bueno todavía a la ayuda.
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Bruselas pide destinar 3,9 millones para recolocar a 528 italianos que perdieron empleo en la construcción

El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, ha justificado la ayuda porque 'el sector de la construcción en Italia se ha visto especialmente afectado por los efectos de la crisis financiera y económica' y ha confiado en que 'el apoyo y formación' ofrecido contribuya a que encuentren 'más rápido y fácil' un nuevo empleo.

La ayuda comunitaria beneficiará en concreto a los 528 desempleados del sector con 'más dificultades' de encontrar un nuevo empleo del total de 643 trabajadores italianos despedidos de 323 pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción en la región de Trentino-Alto Adige/Südtirol, que cubre las provincias autónomas de Trento y Bolzano, que tienen una tasa de crecimiento negativa y una mayor tasa de paro que la media en el resto del país.

Los trabajadores fueron despedidos como consecuencia de la caída 'significativa' de la demanda de nueva vivienda y en general de servicios de rehabilitación por la crisis. La construcción es una de las principales fuentes de empleo en la zona.

Desde su entrada en funcionamiento efectiva, en enero de 2007, el fondo europeo ha destinado 357,6 millones de euros a recolocar a cerca de 76.000 trabajadores de la UE, incluidos españoles que han perdido su empleo por la crisis en los sectores de la construcción, automóvil, textil, carpintería, cerámica y piedra, entre otros.

Los Estados miembros puedan solicitar ayuda al fondo en el supuesto en que una empresa despida a más de 1.000 de sus trabajadores. En julio de 2009 entraron en vigor las nuevas normas que lo regulan para facilitar su uso en un contexto de crisis económica como 'un instrumento de intervención rápida'.

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