Aunque todavía no existe más que una declaración del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la expectativa de que se levante la barrera en varias autopistas de peaje dependientes del Estado ha sido motivo de satisfacción de muchos conductores que usan estas vías en sus desplazamientos y sobre todo, a los transportistas.
El Gobierno ha confirmado que eliminará los peajes de las autopistas cuya concesión termina entre 2018 y 2021, según publica el diario El País. Las tres autopistas que se liberalizarán de forma más próxima serán la AP-1 Burgos Armiñón, con 84 kilómetros de carretera, cuya concesión termina en noviembre de este año; la AP-4 Sevilla-Cádiz, tramo de 93,8 kilómetros, propiedad de Abertis y que expira a finales de 2019; y la AP-7 Alicante-Tarragona, dos tramos de 373,8 kilómetros que son propiedad también de Abertis, y cuya concesión acaba el 31 de diciembre de 2019.
La concesión de las tres autopistas restantes, que son la AP-7 Zaragoza-Mediterráneo, la AP-2 Tarragona-La Jonquera y la AP-7 Montmeló-El Papiol, termina en 2021, año en el que puede que tengamos nuevo Gobierno y será este quien decida sobre estos tramos.
¿Qué cuesta quitar el peaje?
Levantar la barrera en estas vías, supone que la titularidad pasa a ser pública por lo que el Estado asumiría el coste de su mantenimiento, un gasto que ahora asumen las concesionarias. El ministro Ábalos estima que el coste será “de 50.000 a 68.000 euros por kilómetro cada año”. Es decir, las tres autopistas que quedarán en manos del Estado entre 2018 y 2019 —que suman 552 kilómetros de recorrido de los 3.307 kilómetros de peajes que existen en España — requerirán de 27,6 a 37,6 millones anuales de gasto público.
Y, aunque a priori es una buena noticia para el conductor, no todos los agentes están de acuerdo. Los detractores, entre los que se encuentran como es de esperar las concesionarias y las grandes constructoras, argumentan que habrá colapso en estas carreteras ante el aumento del tráfico rodado y que tendrán que pagar los contribuyentes su mantenimiento. Los rescates de estas autopistas se sacan de las arcas públicas cuando no tienen clientes.
Por su parte, la patronal turística levantina Hosbec teme que levantar la barrera en la AP-7 sature estas vías con camiones pesados y se ahuyente al visitante de sus playas por lo que prefiere bonos para residentes. La catalana Foment del Treball pide mantener un canon para sufragar el mantenimiento. Una de las empresas del sector, Abertis –que gestiona 1.559 kms de vías de peaje– propone por su parte peajes blandos a cambio de prorrogar la licitación otros 50 años.
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