Applus , propiedad del grupo Aguas de Barcelona (Agbar), se ha convertido en una de las principales empresas del mundo en certificación de vehículos nuevos y usados, con ramificaciones en mercados tan poderosos como el estadounidense o tan pujantes como el chino.
Ahora, la compañía catalana ha logrado romper una barrera más cercana, pero más sólida: la que les separaba de Madrid. Applus acaba de recibir autorización para abrir su primera estación de ITV en la capital y, además, será la primera dentro del casco urbano, concretamente en las cercanías de la estación de Atocha.
El centro de inspección estará listo dentro de un año y se espera que abra sus puertas en noviembre de 2005. Tendrá dos líneas de turismos y derivados y otras dos para motocicletas y ciclomotores. Se espera que dé empleo a 25 personas y que atienda a 50.000 vehículos al año. Applus llega a Madrid en un momento muy bien escogido, justo antes de que venzan las actuales concesiones de ITV, que tienen fecha de caducidad en 2008. A partir de ese momento, el mercado estará liberalizado y Applus quiere estar en la mejor posición posible para copar la zona madrileña y, posteriormente, todo el país.Applus , con 57 centros de ITV y 14 unidades móviles, realiza cada año más de 3 millones de inspecciones en España y se ha convertido en el líder mundial del sector verificador. En Barcelona tiene 6 centros urbanos que, hasta la apertura del aprobado en Madrid, son los únicos que están dentro de una gran ciudad.Esta estrategia de explotar el fin de las concesiones oficiales no parece convencer a Applus en su feudo natal, el catalán. Allí, acaba de presentar una denuncia contra la Generalitat, que hace dos semanas decidió revocar las prórrogas concedidas a la certificadora para operar sus concesiones hasta el año 2014. La fecha de vencimiento, que, en principio, era 2006, fue modificada por el gobierno de Jordi Pujol en su último día de mandato. Esta decisión fue muy criticada por la competencia de Applus . Incluso se presentaron recursos judiciales contra la orden de la Generalitat.
Pero el cambio de gobierno en Cataluña ha venido a resolver el problema por la vía rápida: el Ejecutivo de Maragall ha decidido anular la prórroga, con lo que Applus perderá sus concesiones en 2006, como estaba previsto al principio.
Contra esta medida han presentado un contencioso los responsables de la certificadora. Reclaman 160 millones de euros en concepto de indemnización por cada una de las 7 nuevas ITV que pensaban abrir durante la prórroga. El gobierno tripartito sólo está dispuesto a devolver la parte correspondiente del canon del 8 por ciento que Applus paga como arrendamiento de sus concesiones.
