A la cárcel por conducir bebido

A partir del viernes, entra en vigor la reforma del Código Penal que permite enviar a la cárcel a aquellos que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Según los expertos, serán pocos los jueces que se decidan a aplicar medidas tan duras; optarán por las sanciones económicas, que también serán mucho más altas.

Récord de alcoholemia en Cataluña
Récord de alcoholemia en Cataluña

La conducción “bajo la influencia de bebidas alcohólicas" u otras drogas será castigada “con una pena de prisión de tres a seis meses". Así lo establece la última modificación del Código Penal, que entrará en vigor el viernes. Este cambio endurece la disposición vigente, que prevé el arresto domiciliario de 8 a 12 fines de semana y una multa de 3 a 8 meses.La nueva norma deja un amplio margen de actuación al juez, que también podrá imponer al infractor una sanción de 6 a 12 meses (entre 550 y 110.000 euros) o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Serán éstas las penas que más se repitan, pues, según Aitor Canales, asesor jurídico de la asociación Stop Accidentes, “no será fácil que un conductor ebrio vaya a la cárcel. Debería ser reincidente, ya que no hay ingresos en prisión para las condenas inferiores a dos años. Además, la experiencia nos lleva a pensar que el juez optará por las alternativas: la multa o los trabajos", ha explicado a “El Periódico de Cataluña".La reforma también establece que, si se superan al mismo tiempo y de forma desproporcionada los máximos permitidos de velocidad y alcohol en sangre, la pena de cárcel estará entre los 6 meses y los 2 años, mientras que el automovilista se verá privado del permiso de conducir por un período de entre 1 y 6 años. Sin embargo, el texto no fija un límite claro para establecer cuándo la combinación de ambos factores se considera un delito. Serán los magistrados, de nuevo, quienes tengan que decidirlo.Esta reforma del Código Penal fue aprobada el 13 de octubre de 2003 por el anterior Gobierno (PP) y, en su momento, fue criticada por las asociaciones de víctimas y por la oposición, ya que consideraban que “se quedaba corta". Sin embargo, el actual director general de Tráfico, Pere Navarro, ha calificado la norma de “positiva", ya que “responde a una demanda social evidente". Navarro también ha anunciado que se trata del “principio" de un progresivo endurecimiento de las penas relacionadas con la seguridad vial.Otra de las sanciones que establece la reforma es la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de 1 a 4 años: un automovilista no podrá emplear ninguno de los permisos de circulación de los que disponga si se le retira uno de ellos. Anteriormente, sólo se veía privado del carné correspondiente al vehículo con el que había cometido la infracción.Asimismo, la modificación del Código Penal establece sanciones y penas para los que utilicen coches robados. Hasta el 1 de octubre, sólo se castigaba a aquellos que sustraían automóviles, pero no a los que hacían uso de ellos.La entrada en vigor del cambio legislativo ha sido aprovechada por el Ministerio de Sanidad para lanzar una nueva campaña publicitaria, especialmente dirigida a los jóvenes, contra la conducción bajo los efectos del alcohol. El anuncio muestra un vehículo que impide que su propietario lo arranque, tras comprobar que ha bebido. “Si bebes, no me conduzcas", es su lema.El “spot" será emitido durante las dos próximas semanas y también en Navidad, período en el que se realizará una operación especial de controles de alcoholemia en las carreteras. El objetivo es paliar, en la medida de lo posible, los accidentes de circulación, la primera causa de muerte entre los menores de 40 años. Durante el verano de 2003, se realizaron 370.000 controles de alcoholemia, cifra que se ha visto incrementada un 45 por ciento en el mismo período de este año. En junio, julio y agosto, un 32,7 por ciento de los conductores víctimas de un accidente presentaron un nivel de alcohol en sangre superior al permitido. En el seis por ciento de ellos, además, se detectó la presencia de drogas o sustancias tóxicas.Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer en la AP-7 al conductor de un camión que circulaba con una tasa de alcoholemia 10 veces superior a la permitida para este tipo de vehículos (0,15). El sujeto llegó a detenerse en mitad de una salida de la autopista, a plena luz del día, para echarse al dormir. Al parecer, confundió dicha salida con un área de descanso.La Dirección General de Tráfico ha anunciado que, a lo largo del año que viene, se instalarán 400 radares fijos. Con ellos, las denuncias por exceso de velocidad pararán de 500.000 a 2.500.00 cada año, según las estimaciones más moderadas.A éstas habrá que sumar las que impongan los 280 radares móviles con los que cuenta la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Desde finales de 2002, los agentes ya no tienen que parar a los conductores para informarles de la sanción, lo que ha incrementado el número de multas.Tráfico prevé desvelar a los automovilistas la ubicación de los dispositivos, ya que su objetivo, según sus responsables, no es sancionar, sino conseguir que los españoles moderen su velocidad en las carreteras.Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado al periódico “La Vanguardia" que los controles de velocidad que se realizan desde el pasado verano tratan con total impunidad a los coches con matrícula extranjera. Esta decisión, al parecer, tiene su origen en la imposibilidad de cobrar una multa a un residente en otro país si no se hace en el momento, por lo que las jefaturas provinciales optan por no enviar las notificaciones, evitando el gasto en unos trámites inútiles. El pleno del Senado ha instado al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner en marcha el carné por puntos en el plazo de un año, con el objetivo de combatir los accidentes de tráfico y velar por la seguridad vial. La enmienda aprobada establece que, junto al nuevo permiso, tendrán que desarrollarse disposiciones complementarias que servirán para reducir la siniestralidad en las carreteras, como la instauración de una inspección técnica de motocicletas, la introducción de una asignatura de seguridad vial o la inclusión del cinturón de seguridad obligatorio en los transportes escolares.

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