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Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) afrontan un nuevo cambio normativo que afectará directamente a los ayuntamientos y a la forma en la que se controlan las restricciones de circulación en las ciudades españolas. A partir del próximo 26 de noviembre de 2026, entrará en vigor el Real Decreto 953/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que endurece los requisitos que deben cumplir estas áreas para que su implantación pueda considerarse correctamente acreditada.
La nueva normativa introduce una obligación especialmente relevante: los municipios tendrán que demostrar documentalmente que las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento están realmente en vigor, que los sistemas de control funcionan y que se aplica el régimen sancionador correspondiente. Es decir, ya no bastará con delimitar una zona en el mapa o aprobar una ordenanza municipal: habrá que acreditar que las medidas se cumplen y se aplican de manera efectiva.
La modificación afecta al artículo 10.3 del Real Decreto 1052/2022, que regula las Zonas de Bajas Emisiones, y pretende evitar que existan zonas declaradas sobre el papel pero sin restricciones efectivas o con periodos transitorios de avisos que retrasen indefinidamente las sanciones.
5 requisitos que tienen ya que cumplir los ayuntamientos
El Real Decreto 953/2026 establece cinco elementos que las administraciones locales deberán acreditar ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el órgano autonómico competente en materia de medio ambiente.
Son los siguientes:
- Una normativa municipal vigente. Los ayuntamientos deberán remitir la ordenanza o normativa que regula el funcionamiento de su Zona de Bajas Emisiones, en el plazo de un mes desde su entrada en vigor.
- Restricciones de circulación efectivas. Tendrán que demostrar que las prohibiciones o limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento están realmente vigentes y se aplican en función del potencial contaminante de los vehículos.
- Sistemas de control funcionando. Será necesario acreditar que los mecanismos de vigilancia de accesos, monitorización y seguimiento están operativos.
- Conexión con la DGT. Las ZBE deberán estar integradas con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico.
- Aplicación real de las sanciones. Los municipios deberán demostrar que el régimen sancionador está funcionando. La nueva regulación excluye los sistemas transitorios de avisos que se hubieran establecido para retrasar la aplicación efectiva de las sanciones.
La norma también establece que, mientras no se reciba toda esta documentación, la Zona de Bajas Emisiones no podrá considerarse correctamente implantada.
¿Significa que dejarán de multar en las ZBE?
Esta es una de las principales dudas que puede generar el cambio normativo, especialmente entre los conductores que circulan habitualmente por ciudades con restricciones medioambientales. La respuesta es que el nuevo decreto no establece una suspensión general de las multas ni anula automáticamente las sanciones que ya se hayan impuesto.
Lo que hace es exigir que los ayuntamientos acrediten que sus Zonas de Bajas Emisiones están implantadas de manera efectiva y que el régimen sancionador previsto en sus respectivas normativas se aplica realmente. Por tanto, no debe interpretarse que a partir del 26 de noviembre cualquier conductor podrá acceder libremente a una ZBE sin riesgo de sanción. Las restricciones concretas seguirán dependiendo de la normativa municipal vigente y de las características de cada zona.
Tampoco supone que todas las ZBE que actualmente funcionan en España tengan que desaparecer o quedar suspendidas. Cada municipio deberá cumplir los nuevos requisitos y acreditar documentalmente su aplicación.
¿Qué coches podrán circular por las Zonas de Bajas Emisiones?
El nuevo real decreto no introduce una clasificación ambiental diferente ni establece una prohibición estatal general para los coches con etiqueta B, C o sin distintivo. Las limitaciones de circulación seguirán dependiendo de las ordenanzas de cada ayuntamiento y de las condiciones particulares de su Zona de Bajas Emisiones.
Esto significa que un coche con etiqueta B puede tener restricciones en una ciudad y circular sin las mismas limitaciones en otra. Lo mismo sucede con los vehículos con etiqueta C o con los que carecen de distintivo ambiental.
Los vehículos sin etiqueta ambiental, por su mayor potencial contaminante, suelen estar entre los más afectados por las restricciones, aunque también hay municipios que limitan el acceso a determinados vehículos con etiqueta B o establecen condiciones específicas para residentes, servicios y otros colectivos. Por eso, antes de acceder a una ZBE, conviene comprobar siempre la ordenanza municipal, los horarios de aplicación y las excepciones previstas.
¿Qué puede pasar con las ZBE que no cumplan los nuevos requisitos?
El cambio normativo introduce una mayor exigencia de control sobre las administraciones locales. Si un ayuntamiento no acredita la documentación requerida, su Zona de Bajas Emisiones no podrá considerarse correctamente implantada a efectos de esta regulación.
Esto obliga a los municipios a demostrar que las restricciones no son simplemente una declaración administrativa, sino que cuentan con una regulación vigente, mecanismos de vigilancia y un sistema sancionador efectivo. Y, a pesar de que el decreto no establece una anulación automática de todas las ordenanzas municipales ni de las multas anteriores, los ayuntamientos sí que pueden enfrentarse ya a importantes consecuencias por su incumplimiento. Las resumimos:
- Pérdida de subvenciones al transporte. La acreditación oficial sirve como requisito de referencia para acceder a las ayudas estatales y europeas destinadas a la movilidad sostenible y a las bonificaciones del transporte público colectivo.
- Reintegro de fondos europeos. Los municipios que recibieron financiación del Plan de Recuperación (fondos NextGenerationEU) para instalar cámaras o infraestructura de ZBE se exponen a tener que devolver las subvenciones percibidas si no demuestran su funcionamiento real.
- Incumplimiento de la Ley de Cambio Climático. Al no darse por cumplida la obligación legal, el municipio queda en situación de infracción respecto al artículo 14.3 de la Ley 7/2021, lo que habilita la apertura de requerimientos administrativos o procedimientos contenciosos por parte del Estado.
- Prohibición de moratorias de avisos. Los ayuntamientos ya no pueden justificar el cumplimiento manteniendo periodos de adaptación en los que solo se envían cartas informativas; deben acreditar la imposición efectiva de multas (200 euros según la Ley de Tráfico) para que la zona sea válida.
Nuevo escenario para los conductores desde el 26 de noviembre
La entrada en vigor del Real Decreto 953/2026, por tanto, supondrá un paso más en el control de las Zonas de Bajas Emisiones en España. Los ayuntamientos tendrán que acreditar que las restricciones se aplican realmente, que los sistemas de vigilancia funcionan y que las sanciones no quedan paralizadas mediante periodos transitorios de simples avisos.
Para los conductores, la recomendación sigue siendo la misma: consultar las condiciones de acceso de cada municipio antes de circular por una Zona de Bajas Emisiones y no dar por hecho que las restricciones o las multas han desaparecido con la nueva normativa.
El 26 de noviembre marcará el inicio de una nueva etapa para las ZBE, con mayores obligaciones de acreditación y control para los ayuntamientos, pero sin una eliminación general de las restricciones que afectan a los vehículos más contaminantes.
