El límite es la medianoche de hoy. Antes de esa hora, Jaime Montalvo tendrá que desanudar el nudo gordiano que le ha puesto en las manos la Comunidad de Madrid.
El presidente del Consejo Económico y Social, designado como árbitro en el conflicto entre empresarios y trabajadores de los autobuses urbanos, deberá emitir un laudo que devuelva la normalidad al servicio.
Por su parte, la patronal ha dejado claro que se someterá a la decisión de este árbitro. Sin embargo, los sindicatos han advertido que no acatarán su decisión, a no ser que recoja, al menos, una parte de sus reivindicaciones. Si no es así, continuarán con su huelga indefinida y sin servicios mínimos, algo que es casi ilegal y podría acarrear despidos procedentes.
Entre las peticiones "innegociables" está la retirada de los expedientes abiertos a 2.000 de los trabajadores que secundan la huelga.
Pese a haber aceptado la mediación de Montalvo, los sindicatos no creen que sea ésta la mejor solución y se muestran muy pesimistas. Ricardo Martínez, secretario general de UGT-Madrid, asegura que no le parece bien la presencia del arbitraje y condiciona el respeto al laudo a la retirada de los expedientes. Al tiempo, Martínez ha calificado de "salvajes e injustificables" los ataques de los piquetes a los autobuses que han cubierto los servicios mínimos. Como se recordará, estos ataques han costado heridos, entre ellos una niña que fue alcanzada con una bola de acero.
Más agresiones
Durante el fin de semana, el conflicto ha vivido diferentes estadios de tensión. Lógicamente, al disminuir la actividad laboral, los perjudicados por la huelga han sido muchos menos. A pesar de esto, las líneas designadas por el Consorcio Regional de Transportes para realizar servicios mínimos con protección policial han funcionado con dificultades y alguna no lo ha hecho por incomparecencia de los conductores.
La línea más conflictiva ha sido la de Boadilla del Monte, al sur de Madrid, que no circuló ni el sábado ni el domingo por la acción de los piquetes.
Ante esta situación, el Ministerio de Fomento ha abierto expedientes a las empresas Continental Auto, Auto Res, AISA y Llorente por no dar servicios mínimos entre la capital y otras localidades, entre ellas Valencia, Santander, Bilbao, Badajoz, Salamanca y Vigo.
Pese a estas deserciones, Fomento reconoce que la mayoría de las grandes líneas, todas bajo su control, se están cubriendo sin problemas por los servicios mínimos.
A estas alturas de conflicto, las empresas de autobuses afectadas calculan unas pérdidas de 330 millones de euros, más de 54.000 millones de pesetas. La patronal explica que los 2.000 expedientes reclamados por los trabajadores no son tales, sino que la cifra se queda en 800 y se defiende diciendo que, "si las empresas no sancionan a los trabajadores que incumplen la ley, Fomento sanciona a las empresas".
La huelga, para bien o para mal, vive hoy un momento clave. Los trabajadores están convocados a una asamblea esta tarde en la sede de UGT. Allí esperarán y debatirán el laudo arbitral. Siguen firmes en sus reivindicaciones, que, además de la retirada de los expedientes sancionadores, incluyen un aumento de sueldo y una rebaja de la jornada laboral.
