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Otro jarro de agua fría para los conductores españoles. A pesar de las buenas noticias que os transmitíamos esta mañana respecto a la caída del precio del diésel y la gasolina, ahora acabamos de conocer que tenemos un nuevo motivo para mirar con preocupación la evolución de los combustibles. Y esta vez no hablamos de la tendencia del petróleo, de los conflictos internacionales o de los impuestos tradicionales sobre los carburantes. No, nos referimos ya a un nuevo mecanismo que prepara la Unión Europea y que puede encarecer el uso de los coches de combustión, afectando previsible y especialmente a quienes dependen de su vehículo para desplazarse todos los días.
Se trata del ETS2, el nuevo mercado europeo de derechos de emisión de CO₂ que ampliará el sistema de comercio de emisiones a sectores que hasta ahora no estaban incluidos, entre ellos el transporte por carretera y los edificios. Una medida que tiene un objetivo medioambiental, pero que también puede tener consecuencias directas sobre la economía de millones de familias.
La situación adquiere especial relevancia en España. Como ha publicado hoy el diario Cinco Días, nuestro país ha agotado el plazo para trasponer esta directiva europea a la legislación nacional sin haber conseguido sacar adelante su tramitación parlamentaria. El proyecto permanece bloqueado y el Gobierno estudia alternativas, entre ellas recurrir a un real decreto-ley.
Pero ¿qué significa realmente esta nueva normativa para los propietarios de coches? ¿Subirá la gasolina? ¿Será más caro utilizar un diésel? ¿Tendremos que cambiar de vehículo? Estas son las claves que conviene conocer.
La nueva normativa europea puede encarecer llenar el depósito
Lo primero que hay que entender es que el ETS2 no es un nuevo impuesto que los conductores tengan que pagar directamente cuando acudan a una gasolinera. Su funcionamiento es diferente. Hasta ahora, el mercado europeo de derechos de emisión se centraba fundamentalmente en grandes instalaciones industriales, el sector energético y otros ámbitos regulados. Con el ETS2, Bruselas amplía el mecanismo a los combustibles fósiles utilizados en el transporte por carretera y en los sistemas de calefacción de los edificios.
La obligación de adquirir derechos de emisión recaerá sobre las empresas que comercializan los combustibles, no sobre cada propietario de un automóvil. Es decir, serán las compañías que introducen la gasolina y el gasóleo en el mercado las que tendrán que comprar derechos para compensar las emisiones de CO₂ asociadas a los combustibles que venden. El problema para los consumidores es que ese coste adicional puede terminar repercutiendo más que previsiblemente en el precio final de los carburantes. Y eso significa que llenar un depósito podría resultar más caro aunque el conductor siga utilizando exactamente el mismo coche que tiene actualmente.
¿Cuánto costará más la gasolina y el diésel?
Esta es, probablemente, la pregunta que más interesa a los automovilistas. No existe todavía una cifra definitiva que permita asegurar cuánto subirá el precio de cada litro de combustible en España. El impacto dependerá fundamentalmente de la cotización de los derechos de emisión, de la evolución del mercado y de cuánto de ese coste trasladen las empresas comercializadoras a sus clientes.
Sin embargo, existen estimaciones que permiten hacerse una idea de lo que está en juego. El análisis del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo recoge que, con un precio del carbono de 48 euros por tonelada de CO₂, las estimaciones de impacto utilizadas por la Comisión Europea apuntaban a un encarecimiento de aproximadamente 11 céntimos por litro de gasolina y 13 céntimos por litro de diésel. Son cifras orientativas, no una subida aprobada ni una previsión garantizada para España.
¿Qué significaría esta subida para un conductor?
Tomando como referencia un depósito medio de 50 litros, el incremento sería de:
- Gasolina: 5,50 euros adicionales por depósito.
- Diésel: 6,50 euros adicionales por depósito.
Si un conductor reposta un depósito completo dos veces al mes, el sobrecoste anual alcanzaría los 132 euros en un coche de gasolina y los 156 euros en uno diésel, manteniendo constantes el consumo y el tamaño del depósito.
Y hay otro aspecto importante: otras estimaciones recogidas por el Parlamento Europeo contemplan escenarios de encarecimiento mucho mayores, que podrían alcanzar los 50 céntimos por litro en 2030. Se trata de escenarios sujetos a importantes incertidumbres, no de una subida que vaya a producirse necesariamente.
Los coches diésel, entre los más perjudicados
Aunque el ETS2 no establece una penalización individual en función de la etiqueta medioambiental de la DGT, los vehículos que utilizan combustibles fósiles estarán expuestos a sus consecuencias económicas. Esto incluye a los coches de gasolina, los diésel y también a los vehículos comerciales que utilizan estos carburantes.
En el caso del diésel, el asunto tiene una dimensión especialmente importante en España. Muchos conductores siguen dependiendo de este combustible para recorrer grandes distancias, desplazarse diariamente al trabajo o realizar actividades profesionales. Transportistas, autónomos, comerciales, trabajadores que viven lejos de las grandes ciudades y familias que necesitan utilizar el coche a diario pueden tener dificultades para reducir su consumo.
Y aquí aparece una de las principales contradicciones que plantea esta medida: no todos los conductores tienen las mismas posibilidades de cambiar de vehículo. Una persona que vive en una gran ciudad y dispone de transporte público puede tener alternativas para reducir sus desplazamientos. Sin embargo, para un trabajador que vive en un municipio pequeño, necesita recorrer 40 o 50 kilómetros diarios y no dispone de una conexión ferroviaria o de autobús adecuada, el automóvil no es un capricho. Es una necesidad. Tampoco todos los propietarios pueden permitirse comprar un coche eléctrico, cuyo precio de adquisición continúa siendo una barrera para una parte importante de los consumidores.
¿Cuándo empezaremos a notar la subida en las gasolineras?
La fecha clave es 2028. La Unión Europea ha aplazado hasta ese año el funcionamiento completo del nuevo mercado de emisiones, que inicialmente estaba previsto para 2027. No obstante, el calendario contempla que las primeras subastas de derechos se celebren en 2027 para proporcionar liquidez al mercado antes de su puesta en marcha.
Esto significa que el impacto económico podría empezar a trasladarse a los precios antes de que el sistema esté plenamente operativo. De hecho, según la información publicada por Cinco Días, las empresas comercializadoras podrían incorporar esos costes a los precios finales de los carburantes ya durante 2027. Por tanto, los conductores deben prestar atención no solo a 2028, sino también al año anterior.
España llega tarde y puede perder una parte de las ayudas europeas
El retraso de España en la trasposición de la directiva no es una cuestión meramente burocrática. El nuevo mercado de emisiones está vinculado al Fondo Social para el Clima, un instrumento europeo diseñado precisamente para ayudar a los hogares y colectivos más vulnerables a afrontar los costes de la transición energética.
Este fondo pretende movilizar más de 86.000 millones de euros entre 2026 y 2032, incluyendo la financiación europea y la cofinanciación de los Estados miembros. Entre las actuaciones que puede respaldar figuran las mejoras de eficiencia energética en viviendas, los sistemas de calefacción menos contaminantes y el acceso a vehículos de bajas emisiones. La cuestión es especialmente delicada para España, donde una parte de la población depende del coche privado y no siempre dispone de alternativas reales de movilidad.
El retraso legislativo puede complicar la participación de los operadores españoles en las primeras subastas y la articulación de los mecanismos nacionales necesarios para gestionar estos recursos. También existe el riesgo de que España tenga dificultades para acceder en tiempo y forma a las ayudas vinculadas al Fondo Social para el Clima. Por eso, el debate no debería centrarse exclusivamente en cuánto puede subir la gasolina, sino también en cómo se va a compensar a quienes no tienen capacidad económica para cambiar de coche o reducir sus desplazamientos.
¿Puede Europa evitar que el precio de los carburantes se dispare?
La normativa contempla mecanismos para intentar contener las subidas excesivas. Uno de ellos es la reserva de estabilidad del mercado, que permite introducir derechos de emisión adicionales cuando se cumplen determinadas condiciones relacionadas con los precios y la disponibilidad de derechos. En las primeras etapas del sistema existe también un mecanismo de intervención vinculado a la referencia de 45 euros por tonelada de CO₂, expresada en euros de 2020 y actualizada con la inflación.
Sin embargo, conviene aclarar que ese umbral no constituye un precio máximo garantizado. Superarlo no significa que automáticamente se detenga el mercado ni que el precio del combustible quede congelado. Bruselas también ha reforzado las herramientas de estabilidad para intentar evitar movimientos demasiado bruscos en las cotizaciones. La intención es que el ETS2 impulse progresivamente el uso de tecnologías menos contaminantes sin provocar un impacto económico descontrolado en los hogares.









