"Se ha alcanzado un acuerdo informal entre las partes", han explicado fuentes parlamentarias. "Tan solo falta concretar algunos aspectos técnicos como una reformulación de la base legal prevista, que, de momento, no gusta a Holanda ni Francia", ha añadido la misma fuente.
Los ministros europeos de Transporte se mostraron en diciembre a favor de que los países de la UE intercambiasen información para lograr que las multas de tráfico por infracciones cometidas en un país miembro distinto del de matriculación del vehículo lleguen al conductor responsable.
El Parlamento Europeo se pronunciará en pleno en el mes de julio. Si la normativa acaba siendo ratificada por todos, el exceso de velocidad, no llevar el cinturón de seguridad, saltarse un semáforo en rojo, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, hablar por teléfono al volante, circular por una vía no permitida como el arcén y no respetar la distancia de seguridad entre vehículos dejarán de quedar impunes cuando se cometan en el extranjero.
Las multas por estacionamiento, sin embargo, quedan fuera del ámbito de la medida. Hasta ahora, el principal obstáculo para imponer sanciones a los conductores extranjeros que cometen infracciones era su identificación.
Por este motivo, los estados miembros se han mostrado dispuestos a cooperar judicialmente y a facilitar los datos de titularidad del vehículo, tras lo cual las autoridades del país en el que se cometió la infracción enviarán una carta al afectado en la que le informarán de lo ocurrido y le invitarán a pagar la multa que corresponda.
Los Veintisiete y la CE se decidieron a legislar este asunto tras comprobar que los conductores cometían más excesos si se encontraban en un país distinto al suyo. Las infracciones de conductores extranjeros representan alrededor de un 25 por ciento y se elevan a entre el 40 y el 50 por ciento durante las vacaciones en las que los desplazamientos son más frecuentes, según cifras facilitadas por la CE.
Bruselas hizo una propuesta inicial sobre esta cuestión en marzo de 2008 que logró el respaldo del Parlamento Europeo, pero no consiguió el apoyo suficiente entre los países comunitarios por falta de consenso sobre la base jurídica que debía aplicarse.
Para acabar con el bloqueo en el Consejo, la presidencia belga de turno de la UE sugirió la fórmula, iniciativa cuyo testimonio ha tomado ahora la presidencia húngara. Una vez que los países de la UE formalicen su acuerdo político, la Eurocámara se pronunciará al respecto. Con todo, la medida podrá tardar varios años en entrar en vigor.
