El pleno del Congreso dio luz verde a la Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial, con un balance de 189 votos a favor (la mayor parte del Parlamento) y 133 votos en contra del Partido Popular, que considera que la reforma "no logrará los objetivos que persigue y saturará los juzgados", en palabras de su diputado Federico Souvirón. En este sentido, la presidenta de la asociación de víctimas del tráfico Stop Accidentes, Ana María Campo, se mostró muy satisfecha con la aprobación del nuevo reglamento y criticó duramente la actuación del PP durante la votación: "Es incomprensible. Es el no por el no. No lo entiendo, porque se pueden morir en un accidente por igual los de Rajoy que los de Zapatero. Lo que se trata es de salvar vidas", señaló Campo, cuyo hijo falleció atropellado por un conductor ebrio.
El presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso y principal impulsor de la reforma, Jordi Jané, espera que las nuevas condenas incidan sobre la conducta de los usuarios y les disuadan de llevar el coche a una velocidad excesiva o bajo los efectos del alcochol y las drogas, principales causas de accidentalidad. En palabras de Jané: "el objetivo es que se cambie la actitud al volante" para evitar las muertes de tráfico, que constituyen la primera causa de mortalidad en la población joven de nuestro país (sólo en 2006 murieron una media de 11 personas diarias por este motivo). Según los expertos, estas medidas disuasorias podrían reducir los accidentes de tráfico hasta en un 40 por ciento.
Para el diputado socialista Victorino Mayoral, el objetivo prioritario de esta ley es "acabar con la impunidad en la carretera, que generaba gran alarma social" y en definitiva "que los ciudadanos tengan más Estado de derecho en las calles y carreteras". Mayoral apostilló que "el que conduce como un criminal, debe ser tratado como tal". Por otra parte, la asociación Mutua Motera alabó que la norma establezca penas de cárcel para los que nunca han obtenido la licencia, pero pidió que se unifiquen los criterios para fijar los límites de velocidad. El PP sin embargo considera que lo que se pretende es "hacer recaer sobre los hombros de los conductores la incapacidad del Gobierno para desarrollar una política integral de seguridad vial".
Otras voces favorables con la modificación del Código son las del secretario ejecutivo del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), Alfons Perona, que considera que la reforma culmina positivamente un largo proceso iniciado con el carnet por puntos e iguala nuestra legislación penal con la de países como Alemania o Francia. También se han sumado a estas voces las del Partido Nacionalista Vasco, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Cataluña y Coalición Canaria, partidos todos ellos que han destacado la mejora que supone la ley y su carácter preventivo.
Asimismo, el director de seguridad vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, argumentó que es "necesario" el cambio, aunque advirtió de un posible "colapso" en los juzgados, hipótesis que también ha esgrimido la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) al considerar que "si se aplicase con rigor la reforma del Código Penal, habría que duplicar el número de cárceles españolas". La razón: 55.000 personas cometen cada año infracciones de tráfico que, a partir de diciembre, serán constitutivas de delito.
Por su parte, la diputada de Izquierda Unida-Los Verdes, Isaura Navarro, cuestionó durante su intervención la legitimidad de vender coches que superen los límites de velocidad permitidos y ha reivindicado algunas cuestiones al margen de las nuevas medidas de la reforma, como la eliminación de los "puntos negros" y los guardarraíles de las carreteras, tal como reclaman los motoristas. A este respecto, algunos fabricantes ya incorporan desde hace tiempo limitadores de velocidad en sus vehículos que el conductor puede activar si lo desea.
La nueva normativa entrará previsiblemente en vigor, según ha declarado en ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el próximo puente de la Constitución, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
