La carretera se ha convertido en el campo de batalla en el que se libran todas las luchas sociales. Si en las ciudades se cortan calles cada dos por tres como elemento de presión en cualquier reivindicación, en las carreteras interurbanas y en los grandes ejes de autovías la situación no es mejor. A las protestas de taxistas, pescadores y camioneros siguen ahora las de los agricultores y los mineros, que amenazan con colapsar las infraestructuras viarias del país.
Hoy, sin ir más lejos, los mineros asturianos y leoneses han retomado su campaña de protestas y han cortado las principales vías de acceso a Asturias, la autopista A-66 y la autovía AS-1, que va de Gijón a Mieres a través de la cuenca del río Nalón, el corazón de los territorios mineros.
Además, otras cinco carreteras vitales están cortadas y el tráfico en toda la zona centro del Principado se desenvuelve con muchas dificultades.
Como se sabe, los mineros protestan para que el Gobierno mejore el plan de viabilidad que ha propuesto para el sector del carbón, un mercado estratégico pero claramente deficitario. Como suele suceder en estos conflictos, las barricadas y los cortes de carreteras son el principal arma de los manifestantes.El gasóleo, por su parte, es el eje de las protestas de otro colectivo que la ha tomado con las carreteras. Se trata de los agricultores, que amenazan con paralizar el tráfico a escala nacional si no se aumentan las subvenciones que reciben para el gasóleo que utilizan.El viernes, las principales asociaciones de agricultores y ganaderos rechazaron las ayudas que les ofreció el Gobierno en la primera reunión seria mantenida entre las partes. ASAJA, COAG y UPA, las principales agrupaciones del sector, consideraron que el borrador presentado por la Administración es “insuficiente", aunque se comprometieron a estudiarlo con más detalle.
Si no se logra el acuerdo, las movilizaciones empezarán el día 15 de noviembre.
Además de lo que obtengan negociando con el Gobierno, los agricultores ya se han llevado estos días una alegría. Después de años de reivindicación, el Ejecutivo ha decidido hacer caso a los agricultores y ha autorizado a las cooperativas agrarias a vender al público el gasóleo que compran.
Las cooperativas tienen depósitos y surtidores para abastecer a los coches, tractores y camiones de sus socios. Sin embargo, hasta ahora no podían despachar combustible al público en general. Con la nueva ley de Reformas para el Impulso de la Productividad, se pone en marcha la “Habilitación a las cooperativas agrarias para comercializar productos petrolíferos", con lo que podrán vender a cualquiera el combustible que compran. Como lo adquieren a buen precio a las petroleras y, además, no tienen los costes de una gasolinera, podrán venderlo relativamente barato. Las estaciones de servicio, históricamente, se han opuesto a esta idea, pues consideran que es competencia desleal. Alertan también contra los problemas de seguridad que pueden provocar estas improvisadas gasolineras.
