Maximultas para las minimotos

Circular por Cataluña fuera de recintos privados o de circuitos autorizados encima de una “pocket bike" –moto de bolsillo-, se ha convertido, desde el pasado 14 de julio, en un delito que puede acabar en multas de entre 750 y 2000 euros. El Servicio Catalán de Tránsito ha decidido equiparar las minimotos con los ciclomotores, sólo que no se les permite hacer las mismas cosas.Se trata de un peligroso ‘juguete’ que, hasta ahora, no estaba contemplado en el marco legal de lo que concierne a Tráfico, y que desde mediados de este mismo mes los Mossos d´Esquadra, junto a las policías locales de Cataluña, tratarán de regular aplicando una nueva ley que se adivina tan tajante como eficaz.Así, los agentes que se crucen a partir de ahora con cualquier conductor de estas versiones en miniatura circulando libremente por la vía pública les requerirán, como primera medida, el permiso de conducción. Una solicitud que, de por sí, cuesta 150 euros, ya que dicho permiso específico no existe porque no se expide. Acto seguido se les pedirá el seguro, y, como hasta la fecha ninguna compañía ha querido asegurarlos, se les sancionará con otra multa de 607,14 euros. Si, además de esto, el conductor no posee posee licencia de conducir, o por ejemplo, no llevara puesto un casco homologado, la multa podrá seguir aumentando en 150 y 85 euros respectivamente. Por no hablar de hacer competiciones (450€), de conducción temeraria (600€), negligente (150€), o estar bajo los efectos del alcohol o las drogas (entre 450€ y 600€). En total, un juego que podría sumar penas de hasta 2000 euros.Y es que, pese a tener la apariencia de juguete, estos micro vehículos pueden alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora, tienen una cilindrada entre 40 y 50 centímetros cúbicos, y soportan una carga de hasta 110 kilos. Además, su precio, relativamente asequible -entre los 200 y 350 euros-, los ha convertido en una diversión que ha causado verdadero furor en ciudades como Barcelona, donde ya existen varios establecimientos dedicados en exclusiva a su venta. Y, aunque no hay cifras oficiales, los especialistas del sector aseguran que sólo en lo que va de año se han vendido más de 50.000 unidades.Asimismo, Barcelona sigue revelándose como punta de lanza de una de las Comunidades más rígidas con las infracciones de tráfico. Su Ayuntamiento sumará, el próximo 1 de agosto, siete nuevos radares a los 22 ya existentes, ‘acorazando’ su metrópoli contra el exceso de velocidad. Siete nuevos radares fijos en los accesos a la ciudad que recordarán al conductor que está pasando de una vía interurbana a una urbana, donde la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. De ese modo se pretende reducir la siniestralidad, y, en cualquier caso, también conseguir que los foráneos sancionados abonen las multas, cosa que para el servicio municipal de Recaudación no resulta una tarea fácil, tal como reconoció el Concejal de Seguridad y Movilidad, Jordi Hereu. Este ‘ojo’ vigilará el más de medio millón de vehículos que diariamente entran en la ciudad. El exceso de velocidad podrá alcanzar un importe de 300 euros siempre que no se superen los 80km/h. A partir de esa velocidad, es decir, a más velocidad de 81km/h, a la multa económica se le agregará la petición de retirada de carné.En el caso de las rondas –los cinturones periféricos-, la velocidad máxima también se ha reducido. Si en 2003 oscilaba entre los 115 y los 120 kilómetros por hora, el pasado año descendió a 100-105 km/h. Y, aunque el Ayuntamiento no descarta la posibilidad de instalar más equipos de radar, confían en la inminente entrada en vigor del carné por puntos para que, finalmente, se respete la disciplina circulatoria en su totalidad.Así lo ha hecho saber, por su parte, el Ayuntamiento de Lérida, a partir de un estudio realizado en el que se revela que los peatones tienen la culpa en la mitad de los atropellos que se producen en la ciudad.De los 110 atropellos que tuvieron lugar el pasado año en la ciudad de Lérida, la culpa era del viandante en el 45,59 por ciento de los casos. En el 27 por ciento se produjo una irrupción antirreglamentaria de éstos en la calzada, y en el 18,69 por ciento las víctimas no utilizaron el paso de cebra para cruzar la vía. Una actitud de imprudencia en la que los transeúntes, por una vez, superan a los conductores.La sanción, que ya está establecida en las ordenanzas municipales aunque todavía no está habilitada, será de 50 euros para todos aquellos caminantes que no respeten las señales. Del mismo modo, el Ayuntamiento también prevé la eliminación de muchos giros a la izquierda, una maniobra peligrosa que encierra el 30 por ciento de los siniestros que se producen en la ciudad. También se incrementará el control de uso del teléfono móvil durante la conducción, y se endurecerán las sanciones por no llevar el cinturón de seguridad.