La Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobará en su próxima reunión, prevista para mañana, 24 de julio, la aplicación del tramo autonómico del impuesto sobre los carburantes destinado a financiar la sanidad pública. La aplicación supondrá un aumento en el precio de los combustibles de unos 2 céntimos (unas cuatro pesetas) por litro.
Pues bien, la Federación de Organizaciones de Transportistas de la Región de Madrid (Fenadismer) ha mostrado una vez más su rechazo a la llegada del nuevo impuesto y ha invitado a sus asociados a repostar fuera de la Comunidad de Madrid. Además, esta asociación va a instar al Defensor del Pueblo para que promueva un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Fenadismer considera que este impuesto es "muy perjudicial y discriminatorio para el colectivo profesional madrileño del transporte por carretera, que afectará muy negativamente a la competitividad de nuestras empresas frente a las de otras regiones", según explican en una nota difundida a los medios de comunicación.
Los argumentos en los que se basa esta asociación para apoyar sus peticiones son numéricos. En la Comunidad de Madrid, se consumen unos 1,5 billones de litros de gasolina y 2,1 billones de Diesel al año; de ellos, un 80 por ciento es consumido por el sector profesional. Lo que supone que gran parte de la financiación de la sanidad pública sustentada con este gravamen será directamente pagada por los transportistas.
