Los gasolineros denuncian al Gobierno ante Defensa de la Competencia

El lunes estará formalizada la denuncia de los propietarios de estaciones de servicio contra el Gobierno. Los empresarios consideran que el decreto liberalizador aprobado en junio de 2000 supone una ayuda ilegal para los hipermercados y perjudica a las gasolineras.

Llevaban varios meses preparando su denuncia, pero no se decidían a presentarla. La habían llevado al Servicio de Defensa de la Competencia de la Unión Europea. Ahora, la presentan ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.
La decisión de la cadena de supermercados Carrefour de rebajar ocho pesetas los precios de sus gasolinas parece haber sido del detonante de esta actuación de los gasolineros. La oposición al decreto liberalizador de junio ha sido siempre frontal y ahora ya no piensan parar.

En aquel decreto, la Administración articulaba una serie de medidas para abrir a la competencia el sector de las estaciones de servicio. Entre estas medidas, destacaba una que enervó a los empresarios: fomentar, casi de forma obligatoria, la apertura de gasolineras en los hipermercados.
En concreto, el Gobierno quiere que todos los nuevos centros comerciales que se abran incorporen estas instalaciones. Además, facilitará a los ya existentes la construcción de puntos de repostaje.
La norma estipula que los hipermercados podrán añadir las gasolineras sin que el espacio que ocupen cuente como volumen edificable ni de ocupación. Según los empresarios, esto significa una modificación del uso del suelo en el que se establece el centro comercial, que sale beneficiado porque se incrementa su patrimonio sin limitación y de forma gratuita. También consideran que se eliminan todas las cargas legales que deberían afrontar los dueños de las gasolineras a la hora de construirlas. Además, esta normativa implica una renuncia de la Administración a cobrar por el cambio de uso de los terrenos.
Creen los gasolineros que los hipermercados ven recalificados unos suelos poco valiosos, como los de sus aparcamientos, por ejemplo, que pasan a ser terrenos industriales cuando albergan una estación. Según sus cálculos, esta recalificación supone una ayuda económica de 175.000 millones de pesetas, algo que es ilegal.

En esta polémica se ha llegado a acusar al Gobierno de favorecer al exministro Arias Salgado, presidente de Carrefour, uno de los primeros grupos de hipermercados de Europa.
Después de que esta cadena bajase sus precios hace un mes, los gasolineros pensaron en demandarla también ante el Tribunal de Defensa de la Competencia. Alegaban que vendían a pérdidas, práctica prohibida. Sin embargo, abandonaron la idea cuando comprobaron que no perdían, sino que simplemente no ganaban dinero con la gasolina.